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La Delegación del Gobierno en Extremadura ha mantenido este jueves un encuentro con representantes de 54 poblaciones pacenses beneficiarias de las ayudas por los daños de las borrascas. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha explicado que estas ayudas, impulsadas por el Ministerio de Política Territorial, contemplan el 100% de los daños en infraestructuras municipales y se abonarán con carácter previo a los trabajos. Aunque municipios como Badajoz, Cáceres y Mérida no estaban en la orden inicial, Quintana ha confirmado que se incorporarán antes de final de mes. El delegado ha precisado que la ayuda para la capital pacense se limitará a las zonas donde hubo daños reales, como Gévora y Valdebótoa, y no a toda la ciudad. "Es lo que ha solicitado el Ayuntamiento, ayudas para sus pedanías", ha aclarado Quintana, refiriéndose al informe que el consistorio ha presentado centrado en esas áreas afectadas. Durante su intervención, Quintana ha querido resaltar los que ha llamado "el cumplimiento del compromiso del Gobierno central", y lo ha querido contraponer con la situación en la región. "Mientras nosotros estamos trabajando [...] para dar estas ayudas a los ayuntamientos, [...] lo de la Junta de Extremadura no existe", ha afirmado. Además, ha criticado que de la Junta "no se sabe nada, sin ayudas ni gobierno, y con un oscurantismo total en todos los sentidos". Este programa de ayudas forma parte de un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros para Extremadura y Andalucía. Los ayuntamientos tienen de plazo para realizar la solicitud hasta el próximo 28 de abril y dispondrán de 36 meses para ejecutar los trabajos de reparación en infraestructuras como caminos, jardines o pabellones municipales. Uno de los casos expuestos ha sido el de Burguillos del Cerro. Su alcaldesa, María José Calderón, ha detallado que las borrascas obligan a reponer tejados y afectaron a caminos e instalaciones deportivas. Calderón ha señalado la urgencia de actuar en la ladera del castillo por el "riesgo" que supuso la crecida del agua, que obligó a desalojar a vecinos durante 30 días, y ha cifrado los daños en espacios públicos en unos 300.000 euros.
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