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La Federación Zamora en Pie ha denunciado lo que califica como el "rodillo" de la Junta de Castilla y León tras la reciente aprobación por parte del gobierno autonómico de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) positivas para dos nuevas plantas de biogás en la provincia. Los proyectos, ubicados en Coreses y San Cebrián de Castro, han salido adelante "a pesar de contar con numerosas irregularidades que hemos denunciado", según asegura el portavoz de la plataforma, Jenaro Leal. Desde la federación manifiestan su enorme preocupación por la "invasión de nuestro territorio por los fondos de inversión" y proyectos especulativos que, afirman, buscan convertir a Zamora en una "zona de sacrificio" y de "colonización energética". Esta situación se produce, señalan, en un contexto donde también se han acelerado las aprobaciones de otros macroproyectos, como tres plantas de hidrógeno con un gran consumo de agua, tras las pasadas elecciones autonómicas. Zamora en Pie detalla una serie de irregularidades concretas en los expedientes aprobados. En el caso de San Cebrián de Castro, el portavoz asegura que el informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento "está falseado". Según Leal, el documento municipal obvia su propia normativa, más restrictiva, y se acoge a la subsidiaria. Además, señala que el proyecto se ubica en una zona de protección de infraestructuras, al estar "prácticamente encima de la vía del tren de la Ruta de la Plata", y carece del informe preceptivo de Adif. Esto podría tener "repercusiones en el caso de que se decida reabrir o ampliar" la línea férrea. El proyecto de esta planta en San Cebrián de Castro reconoce además importantes impactos en su propia documentación. El plan contempla el esparcimiento de 200.000 toneladas de digestato en las comarcas de Tierra del Pan, Tierra de Campos, Benavente y Los Valles y Aliste. La propia DIA admite riesgos de "contaminación de aguas superficiales y subterráneas", la emisión de "olores y emisiones a la atmósfera", la generación de ruido y posibles impactos sobre la salud, el tejido social y el paisaje. También prevé un importante tráfico de camiones de 60 toneladas, que, según reza el documento, "se intentará que no sea por los núcleos habitados", una afirmación que no tranquiliza a la plataforma. Respecto a la planta de Coreses, la federación subraya que se sitúa a tan solo "800 metros del núcleo habitado de la estación de Coreses". Esta cercanía contradice las promesas del director general de Infraestructuras, quien había mencionado en charlas públicas una distancia mínima de un kilómetro y medio, una medida que "se ha sacado de la manga porque en ningún momento se ha evaluado el plan", denuncia Leal. Otro de los grandes puntos de preocupación es su ubicación en una zona inundable, que sin embargo "no está en los mapas de inundación". Leal advierte que, ante una gran tormenta, podría darse una situación similar a la de la Albufera en Valencia, donde los residuos industriales contaminaron el paraje natural, algo que "lo mismo puede pasar en Zamora" si se produce una riada. El sentimiento en la Federación Zamora en Pie es de total indefensión. El portavoz, Jenaro Leal, afirma que el volumen de alegaciones presentadas parece no tener ningún efecto en las decisiones de la administración. "Yo lo que pienso es que ni siquiera nadie se las lee", lamenta. Explica que invierten su trabajo en "hacer una auditoría a los proyectos que deberían estar haciendo los técnicos de la junta", pero estos se encuentran desbordados por la "avalancha" de expedientes. Según la plataforma, la respuesta habitual de la administración es argumentar que "no tenemos derecho a presentar esas alegaciones", obviando todas las irregularidades denunciadas por la ciudadanía. Ante el silencio administrativo, Zamora en Pie anuncia que no cesará en su lucha y dará el siguiente paso: "Habrá que que terminar en los tribunales con cada uno de estos expedientes, porque hay regularidades de sobra para para ello". Leal se muestra convencido de que la vía judicial es el único camino que les queda. "Somos carne de cañón para proyectos especulativos que van a destruir nuestro paisaje, nuestra calidad de vida, nuestra tierra y nuestra agua", declara con contundencia. Sin embargo, se muestra escéptico con una resolución rápida, recordando casos como la 'trama eólica', cuyos juicios "se están empezando a celebrar desde 2006", lo que a su juicio demuestra que "el sistema garantista que tenemos" deja indefensos a los ciudadanos. Critica además que la fiscalía no esté "actuando de oficio" pese a las evidencias. Para que estos proyectos se conviertan en una realidad definitiva, solo falta un último paso administrativo: la Autorización Ambiental Integrada. Desde la plataforma ciudadana ven esta última firma como la "sentencia de muerte final" para las zonas afectadas. Estas dos plantas de biogás se enmarcan en lo que definen como un proceso de "colonización energética" impulsado por fondos de inversión, que, en su opinión, no van a dejar "ningún beneficio" en el territorio, pero sí un daño irreversible en el medio ambiente y en la calidad de vida de los zamoranos.
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