Cope Zaragoza
Diversas comunidades autónomas han puesto en marcha deducciones fiscales en el IRPF para incentivar la residencia en zonas rurales o en riesgo de despoblación. Según un informe del Consejo General de Economistas sobre el 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026', recogido por Europa Press, estas medidas buscan ser un alivio económico para los contribuyentes y una herramienta para combatir la despoblación. Entre los beneficios más destacados se encuentra el de Asturias, que ofrece a los inquilinos una deducción del 30% en la cuota del IRPF, con un límite máximo de 1.500 euros, por el alquiler de su vivienda habitual en concejos catalogados en riesgo de despoblamiento. Otras regiones también presentan ayudas significativas. Cantabria aplica una deducción del 20%, hasta 1.200 euros, para arrendatarios en municipios despoblados, mientras que Castilla y León ofrece un 25%, con un tope de 612 euros, a inquilinos menores de 36 años en zonas rurales. Para los propietarios, las ayudas también son variadas. Asturias contempla una deducción del 5% hasta 10.000 euros por la adquisición o rehabilitación de vivienda, porcentaje que aumenta al 10% para menores de 35 y familias numerosas. Por su parte, Castilla-La Mancha permite una deducción de hasta el 15% en supuestos similares. Las familias también cuentan con incentivos. En Aragón, por ejemplo, se establece una deducción de hasta 200 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo en municipios de menos de 10.000 habitantes. En Asturias, los gastos de guardería para hijos menores de 3 años en zonas despobladas pueden deducirse un 30% hasta un máximo de 1.000 euros. Asimismo, se incentiva el traslado de residencia. Castilla-La Mancha ofrece 500 euros por mudarse por motivos laborales a un municipio en riesgo de despoblación. En la Comunidad de Madrid, los menores de 35 años pueden deducirse 1.000 euros por trasladar su residencia a un municipio de menos de 2.500 habitantes. Estas ayudas autonómicas se enmarcan en una crisis de vivienda a nivel nacional, que ha visto cómo el precio medio del alquiler ha aumentado un 46% en los últimos cinco años. En paralelo, el Gobierno ha impulsado una reducción fiscal del 90% para los caseros que bajen el alquiler más de un 5% en zonas de mercado tensionado. Sin embargo, los propietarios afrontan una compleja realidad fiscal. La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha advertido de que los arrendadores tienen la obligación de tributar por las rentas, incluso si no las han cobrado. Según su CEO, Pedro Bretón, "el propietario debe declarar los rendimientos del alquiler cuando son exigibles, aunque no los haya cobrado". La experta económica Yolanda Gómez ha advertido de que las medidas del Ejecutivo podrían ser contraproducentes. Según su análisis, la penalización fiscal por subir precios solo perjudica a los pequeños arrendadores: "Esto solo afecta a los pequeños propietarios, porque al final los grandes tenedores no tributan por IRPF, son sociedades". En su opinión, esto podría provocar que "salgan menos casas al alquiler".
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