La Jornada
La reciente aprobación en el Senado de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar ha generado cuestionamientos sobre un posible uso dirigido de los recursos de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) hacia proyectos gubernamentales. Sin embargo, la legislación no modifica el régimen de inversión vigente ni establece una obligación para que estas instituciones destinen un porcentaje específico de los ahorros de los trabajadores a obras públicas.
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