La Jornada
La relatora especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, y otros expertos de Naciones Unidas expresaron al Estado mexicano su “profunda preocupación” por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, el 19 de octubre del 2025, quien era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán. Indicaron que existe temor de que el crimen esté “directamente vinculado con su labor legítima” en defensa de las garantías fundamentales de los productores de limones.
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