La Jornada
La minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio, advierte de forma inédita la investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, que determinó que la compañía es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales.
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