ABC
Desde 2022, tras la pandemia, asistimos a un deterioro que ya no puede considerarse un incidente puntual. Cada año, el Salario Mínimo Interprofesional y la orden de cotización se aprueba tarde y con efectos retroactivos. La consecuencia va mucho más allá del caos técnico o de la sobrecarga de trabajo para quienes gestionamos el sistema: es la quiebra de la confianza en una institución que debería ser garante de seguridad, y que hoy genera incertidumbre en dosis industriales. Cuatro años repitiendo el mismo error no es mala suerte. La Administración de la Seguridad Social, que durante décadas fue símbolo de eficacia y solidez, proyecta hoy una imagen de desorden difícil de defender. Empresas y trabajadores observan cómo las normas se publican a destiempo, se corrigen sobre la marcha o se aplican sin instrucciones claras para quienes deben ejecutarlas. Cuando una nómina o una cotización dependen de la fecha en que los ministerios se ponen de acuerdo, el ciudadano comprende muy bien que el Estado ya no garantiza certezas. Solo ofrece parches. Y los parches, aplicados año tras año, acaban haciendo aguas. Cada retraso en la aprobación del SMI y la orden de cotización provoca semanas de confusión encadenada. Las empresas rehacen liquidaciones, los trabajadores reciben cantidades incorrectas y los graduados sociales, exhaustos, intentamos descifrar disposiciones contradictorias con la sensación de que alguien ha cambiado las reglas del juego a mitad del partido. Lo que para un ministerio es una decisión política postergada, para miles de despachos profesionales es una emergencia real: llamadas sin respuesta, sistemas telemáticos desactualizados, plazos imposibles y clientes que preguntan sin que podamos darles una respuesta firme. Es un proceso innecesariamente humillante para todos los implicados, y su origen es siempre el mismo: la incapacidad del poder político para decidir a tiempo. El daño a la imagen de la Administración es profundo y acumulativo. Cuatro años seguidos repitiendo el mismo error han convertido lo que debería ser una excepción en una costumbre. Y esa costumbre tiene nombre: descrédito institucional. La Seguridad Social ha perdido el control de su propio calendario ante la mirada atónita de quienes dependen de ella. Ese descrédito no lo provocan los trabajadores públicos que hacen su labor con profesionalidad y esfuerzo, sino la ausencia de dirección política y la falta absoluta de planificación normativa por parte de quienes toman las decisiones. La diferencia importa, y conviene subrayarla. En los despachos, el hartazgo es una realidad palpable y cotidiana. Los graduados sociales trabajamos hasta la madrugada para corregir errores que no nos corresponden, para cuadrar cifras que deberían estar definidas desde el primer día del año. Atendemos a autónomos que no saben qué cuota pagar, a empresas que desconocen qué salario aplicar y a trabajadores que no entienden por qué su nómina de enero se corrige en abril. Llevamos cuatro ejercicios consecutivos soportando la misma cadena de improvisaciones. Tenemos vocación de servicio, pero también memoria. Y la memoria, en este caso, es una acumulación de agravios evitables. Las pugnas políticas que se libran en el seno del Gobierno o entre los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social tienen todo el derecho a existir en el debate democrático. Pero sus daños colaterales no pueden seguir recayendo sobre empresas, personas trabajadoras y profesionales que solo piden una cosa: saber a qué atenerse. El ciudadano que cotiza, el empresario que paga nóminas y el graduado social que asesora merecen conocer las reglas desde el 1 de enero, no cuando la aritmética parlamentaria lo permita. El principio de seguridad jurídica permite que una empresa planifique, que un trabajador confíe en su salario y que los profesionales que asesoran al sistema puedan cumplir su función con rigor. Cuando la norma llega tarde o se enmienda sobre la marcha, lo que se resiente es la relación de confianza entre la Administración y la ciudadanía. Y una administración que ha perdido esa confianza acaba dedicando sus energías a justificarse, en lugar de proteger a quienes dependen de ella. Desde el Consejo General de Graduados Sociales reiteramos nuestro llamamiento a los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. Esta situación tiene solución, y no requiere de grandes reformas estructurales: requiere voluntad política, cumplimiento de plazos y respeto por los profesionales y ciudadanos que sostienen el sistema. Pedimos una mesa de coordinación permanente, instrucciones técnicas publicadas con antelación suficiente y un compromiso público de no volver a aplicar retroactividades que generan este nivel de desorden. No se puede exigir cumplimiento a empresas y trabajadores mientras la propia Administración incumple su obligación más elemental. La estabilidad legislativa es una forma de respeto. Respeto a quienes trabajan, a quienes cotizan y a quienes, como los graduados sociales, dedican su carrera a sostener el puente entre la ley y la vida real. Garantizar que cada ciudadano sepa desde el 1 de enero cuánto va a cobrar y cotizar no es un gesto administrativo menor: es una obligación democrática irrenunciable. Cada año que se retrasa esa certeza, la brecha entre el Estado y la ciudadanía se agranda un poco más. Y tarde o temprano, esa brecha pasa factura. Este año, ya la estamos pagando todos.
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