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Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han escuchado de viva voz y en su presencia el testimonio de Carmen Pano, empresaria vinculada a la trama de licencias de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional e implica a Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas. Pano ratificó de forma clara y explícita lo que ya había declarado ante la comisión del Senado y ante el juez Santiago Pedraz: que llevó a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz dos bolsas con 45.000 euros cada una. Su testimonio fue ratificado también por el conductor que la llevó en una de las entregas, porque pudo ver el contenido de la bolsa. Son testimonios prestados en sede judicial bajo juramento, con versiones reiteradas y coherentes que, además, en el caso de Carmen Pano podría tener un efecto incriminatorio para ella misma, como cooperadora o cómplice de un delito relacionado con la financiación del PSOE. Y, por si fuera poco, son testimonios prestados ante la máxima autoridad de la Justicia penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cabe pensar que son declaraciones pendientes de más verificaciones, que necesitan una investigación que las confirme, pero a estas alturas de las causas judiciales existentes sobre la corrupción socialista –que incluye la existencia, según la Fiscalía, de un grupo criminal formado por un exministro de Sánchez y del número tres de Sánchez en Ferraz– resulta extravagante que el PSOE no haya sido llamado a declarar como investigado, con los derechos propios de esta situación procesal y con la asistencia de un abogado defensor. Con lo que ya se sabe, cualquier empresa que maneja fondos irregularmente habría sido registrada e imputada. La permanencia del PSOE extramuros de la Justicia penal resulta llamativa y agraviante para personas, sean físicas o jurídicas, que, por mucho menos de lo que se sabe del PSOE, habrían sido detenidas y llamadas a declarar ante el juez de instrucción. El PSOE es un nodo de las tramas corruptas que se investigan judicialmente. Su organización territorial sirvió de apoyo a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García para influir en las decisiones de administraciones autonómicas y locales para la adjudicación de contratos de obra pública, además de las presiones ejercidas en algunos ministerios con los mismos fines. El trasiego en la sede de Ferraz de entrada de bolsas de dinero y de salida de sobres con billetes –como declaró el hermano de Koldo García también ante el Supremo– cuenta con algo más que meras sospechas, incluso más que indicios superficiales: declaraciones reiteradas en medios de comunicación y en sedes oficiales, como el Senado y los tribunales de Justicia, de quienes protagonizaron esos movimientos de fondos. Esta especie de indemnidad judicial del PSOE es contradictoria con los fines de cualquier investigación penal en la que aparezcan informaciones sólidas y creíbles de una posible financiación ilegal o blanqueo de capitales. Si en algo avanzó el Código Penal español contra la impunidad fue por la incorporación de los partidos políticos a la lista de personas que pueden ser imputadas, sobre todo, por delitos económicos y de corrupción. La excepcionalidad del PSOE ya no tiene justificación.
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