Diario de Noticias
La estampa vivida ayer jueves ante el Palacio del Condestable devuelve a la actualidad un debate que Pamplona parece incapaz de cerrar. La presencia de colectivos sociales reclamando el alta padronal para una treintena de jóvenes, en su mayoría de origen magrebí y supervivientes de la precariedad en el Convento de Aranzadi, trasciende el mero atasco burocrático. Estamos ante un pulso que mide la capacidad de la ciudad para asimilar una inmigración que, cuando se concentra en colectivos específicos y con perfiles de alta vulnerabilidad, supera con creces las previsiones de cualquier plan municipal. El Ayuntamiento se halla en una posición incómoda. Por una parte, los dictámenes del Tribunal Administrativo de Navarra y del Defensor del Pueblo actúan como recordatorios constantes de que el padrón es un registro de hechos, no una concesión administrativa ni un premio a la integración. Sin embargo, la gestión de la realidad es compleja. Atender a un grupo tan heterogéneo como el de los jóvenes que malviven en inmuebles abandonados (exclusión residencial extrema) exige de unos recursos de acompañamiento, mediación y vivienda que la ciudad parece suministrar a cuentagotas.
Go to News Site