Las víctimas de las residencias confían en que Burgueño mantenga su confesión ante el juez: "Esperemos que Ayuso sea juzgada"

Antonio Burgueño rompía su silencio el pasado miércoles tras ser llamado a declarar en sede judicial. Lo hizo, eso sí, ante los periodistas que esperaban fuera del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, donde se movió entre dos aguas: la de culpar de las muertes de residencias al Ministerio de Sanidad y principalmente a Fernando Simón, entonces director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del departamento que ahora dirige Mónica García y el plan de choque. Aunque en sus palabras a los periodistas en contra de su abogado dejaba entrever que la senda a seguir en su defensa pasaría por la protección de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el señalamiento al Gobierno de Pedro Sánchez, en declaraciones a Público aseguró que fue la propia lideresa regional la que dio la orden de desarrollar el mencionado plan que, sin embargo, nunca se llevó a cabo. La medida estrella de esa hoja de ruta pasaba por la medicalización de los geriátricos, pero nunca se ejecutó. A la pregunta de los informadores de por qué no se ofreció atención sanitaria en los centros de mayores, Burgueño respondió que "los médicos, según parece, ya no estaban". "¿Y creen que hay una responsabilidad porque se los llevaron a Ifema?", le insistieron. "No, no creo que de eso sean responsables porque resulta que lo que sí sé es que de las cerca de 5.000 residencias que había en España, no se medicalizó ninguna". Con sus palabras, evidenciaba que tampoco las de la región capital, con la diferencia de que aquí sí se hizo ese anuncio. "No estaríamos aquí después de tantos años" "Mezcló un poco todo. Lo que está claro es que el protocolo fue en Madrid, y que fue donde se anunció que las residencias se iban a medicalizar. Al decir que ninguna residencia se medicalizó en España, incluye a las de Madrid", expone Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, en conversación con ElPlural.com. La responsable de una de las dos plataformas mayoritarias en busca de reparación de su entorno -la otra es '7.291: Verdad y Justicia', cuya portavoz, María Jesús Valero, dirigió unas palabras al ex alto cargo de la administración Sol a su salida del juzgado- espera que cuando declare en sede judicial "vuelva a decir lo mismo" para que tenga algo más de peso legal. Preguntada directamente por este periódico si aprovecharán el señalamiento de Burgueño para estudiar pedir la imputación de la baronesa 'popular', indica que "un juzgado de instrucción no puede investigar a una aforada". "Entiendo que es el juzgado el que tiene que decir que puede haber alguna responsabilidad penal de una persona que está aforada y enviar un informe al tribunal correspondiente, en este caso al Tribunal Supremo", explica. "De hecho, en las primeras querellas que impulsábamos en 2020, el juzgado de instrucción en el que recayeron lo derivó al Supremo, y éste lo devolvió al juzgado diciendo que habría de investigarse sobre esos protocolos y...

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