El Plural
La Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas mayores en las residencias (Pladigmare) comenzaba la semana denunciando el último ataque proferido a las personas residentes en estos centros, concretamente, con el caso de la expulsión de una mujer de 84 años del centro Bouco Carabanchel, con alzhéimer y grado tres de dependencia, después de que su hijo alzara la voz ante las "deficiencias" del centro. Ante esta situación que desde la asociación califican como un "atentado a la libertad de expresión y de información", Pladigmare ha anunciado una concentración este sábado frente al centro. A través de un anuncio en redes, y bajo el lema "Por la libertad de expresión" y "Contra la impunidad de los fondos de inversión en las residencias", la plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía para que participen en esta concentración, prevista para celebrarse entre las 11:00 horas y las 13:00 horas de este sábado 11 de abril frente a la residencia Bouco Carabanchel. "No quieren controles. Con la complicidad de la Comunidad de Madrid. Es una lucha por la democracia. Por la libertad de expresión. Acudid", reza el mensaje difundido por Pladigmare. No quieren controles. Con la complicidad de la Comunidad de Madrid. Es una lucha por la democracia. Por la libertad de expresión. ACUDID. @FRAVM @UGT_SP @CCOOMadrid @MayoresUDPM pic.twitter.com/hZLUHfYAkT — PLADIGMARE (@pladigmare) April 9, 2026 Poco después de conocerse la expulsión de esta mujer de la residencia, desde la plataforma lanzaron un comunicado en el que reunían sus principales denuncias subrayando que este centro pertenece a uno de "los principales fondos de inversión" acreditado por el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, por lo que forma parte de la red pública madrileña, pese a que existen casos de residentes que cuentan con la prestación económica que se conoce como "cheque-servicio". En esta misma línea, desde la asociación rechazan que la actuación que llevó a cabo el hijo -repartir hojas informativas animando a los demás familiares a denunciar las deficiencias de la residencia- "sea constitutiva de ninguna falta de contrato suscrito" con el centro ni con su reglamento. "En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo. Repugna a la más elemental racionalidad", lamentaban en el comunicado. Asimismo, en el escrito la plataforma pone de manifiesto que esta expulsión "pretende hacer pasar como falta grave una conducta anterior del hijo que fue sancionada con una amonestación escrita". Por todo ello, desde la asociación acuden a lo vigente en la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, según la cual se penaliza como falta grave tomar represalias tanto contra usuarios como familiares como consecuencia del ejercicio de sus derechos. Con ello, se refleja la omisión del deber de "facilitar información, faltar al respeto, establecer castigos o limitaciones de derechos injustos o amenazar con llevarlos a cabo como represalia opresión al personal de centros y servicios, usuarios o sus familiares o acompañantes como consecuencia del ejercicio de sus respectivos derechos o para disuadir de hacerlo...
Go to News Site