COPE
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en el punto de mira tras anunciar la revisión de unos 100.000 cobros por aparcar en zona azul y verde. Sin embargo, la abogada Fanny Barreto, especialista en la materia, ha asegurado en los micrófonos de 'Herrera en COPE Gran Canaria' que el problema es mucho más profundo y que todas las liquidaciones emitidas son ilegales. El origen del problema, según ha explicado la letrada, es que el consistorio aplica el procedimiento tributario pero omite un paso crucial que exige la ley: la notificación de la propuesta de liquidación. Este trámite permite al ciudadano presentar alegaciones antes de que la liquidación sea firme. Al saltarse este paso, se ha privado a los afectados de su derecho a la defensa. La omisión de este trámite no es un error menor. Barreto ha afirmado que La consecuencia directa es que todas las liquidaciones son, en palabras de la abogada, 'nulas de pleno derecho'. Esto significa que incluso los actos firmes pueden anularse, ya que la irregularidad es de tal gravedad que 'no han prescrito'. Por tanto, los ciudadanos pueden iniciar un procedimiento para reclamar la devolución de los importes abonados, que en muchos casos suponen miles de euros por persona. Lo más grave, según ha denunciado Barreto, es que el Ayuntamiento tiene constancia de esta ilegalidad 'desde el año 2021', cuando el Tribunal Económico Administrativo ya dictaminó que el procedimiento era contrario a la ley. A pesar de ello, 'lo han seguido haciendo, aun a sabiendas de que lo estaban haciendo mal'. La abogada asegura tener pruebas que demuestran este conocimiento previo. Preguntada por las posibles consecuencias penales de actuar a sabiendas de la ilegalidad, la experta ha sido tajante. 'A mí la palabra prevaricación administrativa me viene mucho a la cabeza', ha sentenciado, dejando la puerta abierta a que los responsables municipales hayan incurrido en un delito. Fanny Barreto ha recomendado a todos los afectados que reclamen. La vía es presentar un recurso administrativo de forma individual ante el propio Ayuntamiento. Aunque el consistorio ha anunciado una revisión de oficio, la abogada se muestra escéptica y lo considera una 'propaganda' para 'intentar salir de todo esto que ellos, vuelvo y repito, conocían'. Las probabilidades de éxito son altas. La propia Barreto ha confirmado que de los cinco procedimientos que ha iniciado, ya tiene 'dos resoluciones firmes' que le dan la razón. Además, ha denunciado el drama humano detrás de los embargos, que en ocasiones se ejecutaron 'incumpliendo la ley' al afectar a personas sin los ingresos mínimos, que veían cómo Hacienda les retenía el dinero.
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