El Plural
El Partido Popular y Vox amenazan con llevar a la justicia, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como punta de lanza, la regularización de personas migrantes impulsada por el Gobierno de España. Ambas formaciones se mostraron, desde su aprobación, claramente contrarias a su articulado y pretenden, ahora, desactivar la medida por la vía judicial, encontrando ambas derechas un punto de acuerdo en plenas negociaciones para la conformación de Gobiernos autonómicos y con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina. La responsable madrileña fue, en su momento, la más contundente de todos los dirigentes 'populares' frente a la reubicación de menores no acompañados propuesta por el Ejecutivo central y, este jueves, anunció que recurrirá la regulación de personas migrantes prometida por la coalición de Gobierno y firmada con Podemos. La baronesa, que parece querer encabezar la lucha en materia migratoria de su partido ganándole el relato al propio Alberto Núñez Feijóo, hizo este anuncio, precisamente, después de desayunar con él. "Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos. Y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir, en este caso este Real Decreto", argumentaba, asociando, de manera directa y sin tapujos, a la población migrante con antecedentes delictivos y las intenciones del Ejecutivo central con el deterioro deliberado por saturación de los servicios públicos. A ojos de la lideresa autonómica, esto se corresponde con un "desorden y una ilegalidad". "Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, tampoco el reparto ilegal de menores. Todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", reprochaba. Fue en ese mismo sentido en el que el Partido Popular registró, hace unas semanas, una iniciativa para endurecer las condiciones de regularización de personas migrantes promovidas por el Ejecutivo, que encontró el apoyo de Vox y de Junts per Catalunya. La ultraderecha apoyó la iniciativa del PP, precisamente, en un contexto marcado por las negociaciones con Vox sobre los Gobiernos autonómicos, con el asunto del endurecimiento de las políticas de inmigración como una de las demandas principales de la formación de Santiago Abascal. En el Congreso, el diputado de la ultraderecha Alberto Asalta tomó la palabra para reiterar los mensajes del 'popular' Rafael Hernando, que ya había agotado el argumentario de la ultraderecha. "Las mafias operan con total impunidad. Entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa. No es solidaridad, sino irresponsabilidad", clamaba el portavoz, que también lanzaba una pregunta a sus señorías: "¿Se puede garantizar la seguridad nacional cuando se pierde el control efectivo de quien entra?". Tras unos minutos de intervención, Asalta moderó el tono para recordar que "no todos los inmigrantes son criminales y esta comisión...
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