El Plural
Tres semanas después de aquel Consejo de Ministros extraordinario en el que Sumar rascó, tras una tensa pugna con el PSOE, el decreto ley de vivienda para prorrogar los contratos de alquiler y topar al 2% las subidas de precio, las negociaciones para llevar el texto al Hemiciclo siguen estancadas. Y es que aunque la convalidación debe producirse en los 30 días naturales posteriores a su publicación en el BOE, que se dio el 21 de marzo, el socio del PSOE busca dilata los plazos y habla del 29 de abril como el último día posible para votarlo en la Cámara Baja, según publicaba esta semana El Periódico. Los magentas buscan cocinar a fuego lento este texto para asegurar su debate e implantación. "Las consultas formales no han empezado", exponía este jueves el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, principal impulsor de la medida. Bustinduy aseguraba que "queda mucho tiempo" de negociación por delante, pero sin perder el optimismo sobre la aprobación del texto pese a denunciar una "operación para hacer morir el decreto" ante, por un lado, la actitud del PSOE, con los que Sumar dista claramente en materia de vivienda, y del Partido Popular, que se ha negado en rotundo a negociar sobre este asunto. El socio minoritario del Ejecutivo tiene entre sus planes, así, agotar hasta el último momento las negociaciones y los plazos disponibles para esta votación. La previsión es que la votación se produzca, según el citado medio, el mismo día 29, aunque existe la posibilidad de adelantarla en caso de lograr cerrar antes los apoyos suficientes para su aprobación, lo cual es, no obstante, improbable ante los rechazos del PP y de Junts y de las reticencias del PNV. Por el momento, tres semanas después y tal como apuntaba Bustinduy, aún no ha habido reuniones. Esta semana, con motivo de la Semana Santa, no ha habido Pleno, lo que ha dificultado, según los magentas, los encuentros, pero sí señalan que "se están produciendo contactos y conversaciones con las distintas formaciones" para cuadrar agendas y empezar a negociar la próxima semana. Matizan, no obstante, que algunas de estas citas se reducirán a una llamada telefónica en caso de fuerzas que ya han anunciado públicamente su apoyo, como han hecho ERC o Podemos. Las posiciones de Junts, PP y Vox El primero en descolgarse del texto y de las reuniones para debatir el mismo fue el Partido Popular. En palabras de su portavoz, Ester Muñoz, se opusieron a la medida porque "es probable que esto pueda restringir aún más el mercado porque la gente tema poner su piso en alquiler", lo que motivó las críticas de los magentas, que apuntan a que tampoco han contactado con Vox para abordar su posible apoyo, en la política habitual del socio minoritario del Ejecutivo de no sentarse a negociar con la extrema derecha y de la más que evidente negativa que presentarán los de Abascal a esta propuesta. En cuanto a Junts, evitan cualquier crítica dirigida hacia ellos, ni...
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