Cope Zaragoza
El Gobierno ha generado una situación de caos e incertidumbre al retrasar durante tres meses la publicación de la orden de cotización para 2024. Esta demora, calificada de escándalo por los profesionales del sector, obliga a rehacer las nóminas de enero, febrero y marzo de miles de trabajadores en toda España. La decana del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, Montserrat Cerqueda, ha denunciado en el programa 'Herrera en COPE Cataluña' que esta práctica, que se repite por tercer año consecutivo, genera una enorme inseguridad jurídica y un sobreesfuerzo inasumible. El principal perjuicio de este retraso recae sobre los trabajadores. Al no estar publicadas las nuevas bases de cotización, las empresas han calculado las nóminas de los tres primeros meses del año con las del ejercicio anterior, que son más bajas. Montserrat Cerqueda advierte de la grave consecuencia: "Si una persona trabajadora genera en estos meses el derecho a una prestación por desempleo o una baja, la cuantía será menor porque no se ha cotizado sobre la base actualizada". Además, esta situación provoca un desajuste que se deberá corregir retroactivamente. Cuando finalmente se apliquen las nuevas bases, los trabajadores verán un descuento mayor en su nómina para compensar lo que no se les retuvo en los meses anteriores. "Como han cobrado de más, se les ha de descontar, por lo que pasan a deber dinero a sus empresas", explica Cerqueda, lo que puede generar tensiones y problemas de liquidez en las economías familiares. Las empresas tampoco escapan a las consecuencias. La decana señala que "los estados contables de las compañías ya no cuadran", lo que genera una distorsión en su planificación financiera y contable. Este desbarajuste obliga a los departamentos de recursos humanos y a los gestores a rehacer todo el trabajo de facturación y contabilidad de los meses afectados, con el consiguiente coste de tiempo y recursos. Lo que podría parecer un hecho puntual se ha convertido en una práctica habitual. Según Cerqueda, "llevamos tres años así, desde la pandemia". La situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Si en años anteriores la publicación se demoraba hasta febrero, este año el retraso se ha extendido hasta finales de marzo. La normativa habitual establece que las bases de cotización, que se actualizan anualmente en función de indicadores como el IPC, deberían publicarse a finales de diciembre o, de forma extraordinaria, en los primeros días de enero. Aunque desde el sector no han recibido una explicación oficial sobre el motivo de la demora, Cerqueda apunta a que está relacionado con las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, critica la falta de previsión del Ejecutivo: "No entendemos por qué se tarda tanto si esto afecta desde el día 1 de enero. Parece que apuramos hasta el último momento y todo se acaba desbordando". Para los graduados sociales, encargados de gestionar las nóminas de millones de trabajadores, la situación es insostenible. "Lo que nos hacen es darnos más trabajo", lamenta Cerqueda. Este colectivo profesional debe recalcular miles de nóminas, presentar liquidaciones complementarias a la Seguridad Social y explicar a empresas y trabajadores los motivos de los desajustes, una carga de trabajo extra que, según denuncia, no siempre pueden repercutir a sus clientes. Montserrat Cerqueda ha insistido en la necesidad de tener seguridad jurídica y de que el Ministerio publique las bases a tiempo para evitar este caos anual. "Hablamos con el ministerio, les exponemos la problemática y la necesidad de tener el salario mínimo a finales de año", afirma, pero la situación se repite. Los profesionales del sector esperan que la denuncia pública sirva para que el Gobierno tome conciencia del grave perjuicio que genera y ponga fin a una irregularidad que afecta a la economía de todo el país.
Go to News Site