COPE
La reciente invitación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la diáspora para que regrese a su país ha generado una fuerte reacción entre la comunidad venezolana residente en el extranjero. Con la promesa de que Venezuela es ahora “un país más seguro” y el reconocimiento de “errores del modelo chavista”, el Ejecutivo busca repatriar el talento de los más de ocho millones de emigrados. Sin embargo, para los casi 85.000 venezolanos que viven en Canarias, de los cuales más de 50.000 se concentran en Tenerife, el escepticismo y la cautela son la respuesta predominante ante una llamada que consideran desconectada de la realidad económica y social que aún persiste. Una de las voces más representativas de este sentir en el archipiélago es la de Máximo Díaz Estébanez, coordinador de Voluntad Popular de Venezuela en Canarias. En Herrera en COPE Tenerife, Díaz ha calificado a los portavoces del chavismo, incluida Delcy Rodríguez, como “demagogos”, que “hacen gala de ciertos cambios que todavía están por materializarse”. Según su análisis, el llamado al retorno “va a tener muy poco alcance entre nuestros compatriotas", que antes de volver, exigen garantías tangibles que vayan más allá de las consignas políticas. El principal obstáculo, subraya Díaz, es puramente económico. “Ninguna persona va a irse a otro sitio o va a cambiar de empleo para ganar menos”, afirma, resumiendo el sentir de miles de venzolanos que han logrado una estabilidad en el exterior. La situación de la moneda venezolana y el poder adquisitivo son, a su juicio, la prueba más clara de que las condiciones no se dan todavía. Un informe reciente sitúa el coste de la cesta básica en Venezuela en unos 500 dólares, mientras que “en un caso más o menos medio, el ingreso real que tiene el venezolano es de 100 o 150 dólares”. La conclusión es demoledora: “no da para vivir”. Los cambios en Venezuela desde la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero —cuando fue capturado por fuerzas militares estadounidenses y trasladado a Nueva York— han sido lentos. Díaz estima que no se ha generado “ni un 10 por 100 de lo necesario para que Venezuela se normalice”. Esta lentitud, explica, obedece a la complejidad de desmantelar una estructura de poder que el chavismo construyó durante 27 años. “Desmontar toda esa estructura, tanto a nivel de seguridad, es decir, armas, como el modelo económico, lleva su tiempo”, asegura. Además, se necesitará “una inyección de dinero bastante considerable” para rescatar una infraestructura devastada en servicios básicos como la luz, el agua, la gasolina y las comunicaciones. Esta estrategia gradual ha sido, según el coordinador de Voluntad Popular, una decisión calculada para evitar un conflicto mayor. “De otra forma, en Venezuela pudo haber existido una explosión, es decir, una guerra civil o una mini guerra civil”, un coste que “ni el gobierno norteamericano y, por supuesto, ni la oposición venezolana, estábamos dispuestos a pagar”. La tensión latente es palpable, y Díaz recuerda un factor clave que no se puede obviar para la seguridad real del país: “En Venezuela hay mucha arma en la calle, y eso lo sabe cualquier oyente aquí”. A pesar del levantamiento de sanciones y el restablecimiento de relaciones con la administración Trump, la oposición venezolana denuncia que “el aparato del chavismo permanece intacto”. Máximo Díaz matiza que se está produciendo un reajuste de poder, permitiendo que ciertas figuras como Diosdado Cabello se mantengan mientras otras, como Padrino López o Tarek William Saab, han sido apartadas. La estrategia parece ser la de reemplazar a los radicales por “personajes simpatizantes del chavismo, no tan radicales, que son personas que de una u otra forma se pueden sentar a hablar”. Sin embargo, este proceso no está exento de tensiones. El descontento social es cada vez más visible, con “señales de desespero” que se manifiestan en las calles. “Ayer vimos protesta, por un lado, de pensionados, de profesores universitarios, de gente pidiendo salarios dignos”, relata Díaz. La respuesta del gobierno a estas manifestaciones evidencia la fragilidad del discurso de seguridad: “ya se vio una protesta, que fue gaseada, o sea, fue reprimida con fuerza”. Este clima de represión alimenta la desconfianza de quienes observan desde la distancia. Mientras tanto, la maquinaria política avanza con la vista puesta en futuras elecciones. Cuándo se celebrarán es la gran incógnita. “Pronto van a haber elecciones. ¿Pronto es cuándo? estimo yo que mínimo, mínimo, unos 6, 8 meses más”, vaticina Díaz con cautela. Para los venezolanos en Canarias, ese "pronto" sigue siendo un horizonte lejano, una promesa que solo el tiempo y, sobre todo, una recuperación económica real, podrán convertir en una opción viable para volver a casa.
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