La Jornada
¿Por qué la reticencia de las secretarías de Economía y del Trabajo en un delicado caso que están obligadas no sólo a investigar (por ser la primera la responsable legal de las concesiones mineras y la segunda de las garantías de los trabajadores), sino a informar amplia y detalladamente por tratarse del presunto contubernio entre una empresa (en este caso una trasnacional canadiense) y el crimen organizado en algo que no sólo es ilegal, sino que viola los derechos laborales y debe encender las señales de alarma en las instituciones de seguridad?
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