Faro de Vigo
Uruguay sigue centrando buena parte de la atención mediática en las patrulleras oceánicas canceladas con Astilleros Cardama. Aunque la rescisión definitiva tuvo lugar hace dos meses, la comisión parlamentaria activada en el país sudamericano lleva semanas investigando todo el proceso de compra por valor de 82,2 millones de euros. Al mismo tiempo, la justicia uruguaya está investigando la denuncia por presunto fraude presentada por el Gobierno de Yamandú Orsi, la empresa viguesa arma su defensa legal ante lo que consideran un atropello y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) charrúa sigue buscando un nuevo astillero que le entregue patrulleras. Así lo recordó esta semana la ministra Sandra Lazo en una intervención en la que avanzó que están estudiando la retirada de los restos de las patrulleras como se demandó desde la atarazana de Vigo. «Se trabaja en ello», señaló.
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