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La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo viene denunciando que el Ayuntamiento de Almendralejo ha permitido una pérdida masiva de agua en la piscina municipal durante al menos once años. Esta situación, advertida por escrito hasta en cinco ocasiones por la empresa concesionaria, se mantuvo mientras parte de las consecuencias económicas eran sufragadas por los vecinos mediante incrementos en sus tarifas de agua, según denuncia la plataforma. La polémica se centra en la existencia del contrato de concesión en las dependencias municipales. Un documento oficial del propio consistorio, en respuesta a un requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y firmado por el alcalde, reconoce que el contrato original tuvo que ser solicitado a la empresa contratista, SOCAMEX, "ya que los originales no obran en los archivos municipales". Sin embargo, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha calificado la controversia como una "anécdota elevada a categoría" que lleva a "conclusiones del todo erróneas". El regidor aseguró en la emisora municipal que "el técnico que lleva el seguimiento dice: 'Yo no tengo el contrato como documento'. Lo que tengo son los pliegos, que es lo que tengo que hacer el seguimiento". No obstante, antes de estas declaraciones, el alcalde sí había dicho públicamente que "el contrato naturalmente lo tenemos". Según la documentación, la concesionaria Socamex ya había comunicado formalmente las fugas al Ayuntamiento en repetidas ocasiones entre 2012 y 2019. Informes internos llegaron a cifrar las pérdidas en más de 200 m³ diarios, lo que equivale al 80 % del agua que se suministraba al polideportivo. Pese a ello, el consistorio, como titular de la instalación y único responsable de la reparación, no actuó. Ramírez también recuerda que entre 2011 y 2019 gobernó el PP y que, en todo caso, su gobierno sería el responsable "de un año de pérdida, mientras se sacó la licitación" y con la pandemia del covid por medio. La dimensión económica del caso es especialmente grave. En diciembre de 2011, el Ayuntamiento y la entonces concesionaria firmaron una modificación contractual que reconoció un desequilibrio económico en el servicio. Como resultado, las tarifas para los ciudadanos se incrementaron hasta un 17,36% en abastecimiento y un 19,21% en depuración para compensar dicho desequilibrio. La plataforma denunciante subraya que el consistorio no reparó la instalación defectuosa y que la pérdida de agua contribuyó a un desequilibrio económico que se compensó directamente con la subida de tarifas. "Los ciudadanos sufragaron, sin saberlo, las consecuencias de la negligencia de su propio Ayuntamiento", destaca la organización en su informe. El alcalde señala que el gasto en el agua "en el desequilibrio económico no entra para nada, no entra ese factor. Esta es la interpretación" de la Plataforma. Tras la entrega de la documentación, forzada por la intervención del Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia, la Plataforma contra la Contaminación ha anunciado que espera que el Tribunal de Cuentas pueda ahora revisar toda la información para clarificar la gestión económica del contrato y su impacto final en las tarifas que han pagado los vecinos de Almendralejo.
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