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El sindicato CSIF ha denunciado la detección de cinco positivos por tuberculosis en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo. Los trabajadores afectados no han desarrollado la enfermedad y se encuentran bajo vigilancia médica. La situación resulta paradójica, ya que el pasado 12 de marzo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, inauguró las nuevas instalaciones del instituto, pero el personal sigue desempeñando sus funciones en la antigua sede. La voz de alarma la dio una antigua empleada que, al incorporarse a su nuevo puesto en el Hospital Universitario de Toledo, dio positivo en la prueba de tuberculina como parte del protocolo del SESCAM. Tras conocer su resultado, avisó a sus antiguos compañeros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo. Gracias a ello, el personal del instituto se sometió a las pruebas, de las cuales "cinco hemos dado positivo", según ha confirmado Carolina Arroyo García, trabajadora del centro y miembro del sindicato. El sindicato ha advertido de numerosas deficiencias en el edificio actual, como la falta de estanqueidad en las salas de autopsias, la ausencia de un sistema de filtración de aire adecuado y graves carencias en la limpieza y gestión de residuos biológicos. "Es una situación que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, pero estos dos últimos años está siendo horrible", ha señalado Arroyo. Un problema añadido es la acumulación de bolsas con residuos generados en las autopsias. Estos desechos no se pueden tirar a la basura convencional y deben ser incinerados por una empresa externa. Sin embargo, la recogida no es regular, lo que provoca que "se vayan acumulando y ahí están en una cámara esperando que se los lleven". A pesar de que las nuevas dependencias fueron inauguradas hace más de un mes, el traslado no se ha producido. Desde el sindicato desconocen la razón exacta, aunque suponen que se debe a "trámites de tipo administrativo". Esta demora ha provocado que el sindicato haya solicitado el cierre cautelar del centro actual. La plantilla vive con una enorme preocupación. "Los trabajadores tenemos muchísimo miedo ya de trabajar allí", ha afirmado Arroyo. La falta de aislamiento en las instalaciones genera una gran inseguridad. "¿De qué nos vale ponernos un equipo, un EPI completo en la sala de autopsias? Si luego en el despacho de al lado estamos respirando el mismo aire que dentro de la sala", ha explicado la trabajadora. Dar positivo en la prueba de la tuberculina no implica necesariamente desarrollar la enfermedad, pero sí existe la posibilidad. Los protocolos del Ministerio de Sanidad establecen que los menores de 35 años deben recibir un tratamiento antibiótico preventivo durante seis meses. Por su parte, los mayores de 35 años se someten a una vigilancia médica durante los dos próximos años, periodo en el que existe un mayor riesgo de que la enfermedad se manifieste de forma activa. Solo en ese caso, si se desarrolla la forma activa, se podría contagiar a otras personas. La representante sindical ha concluido con una petición clara ante la grave situación que atraviesan: "Que nos saquen de allí, porque los trabajadores tenemos miedo de seguir trabajando en esas condiciones, porque ya hemos visto que esto es una situación muy grave para nuestra salud y la de nuestras familias".
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