COPE
En plena Campaña de la Renta, ha resurgido un debate clave: la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF, es decir, no adaptar el impuesto a la subida de precios (IPC). Según los cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), esta medida supone un sobrecoste de unos 12.000 millones de euros para el conjunto de los contribuyentes que, en lugar de permanecer en sus bolsillos, van directos a las arcas de Hacienda. La experta en economía de COPE, Victoria Ballesteros, ha puesto cifras al impacto directo de esta medida en el bolsillo de los ciudadanos. Según sus análisis, "para un salario de 25.000 euros no deflactar el IRPF supone pagar unos 250 euros más al año a Hacienda, cifra que puede alcanzar los 2.100 euros en a medida que aumenta el nivel de renta". Esto provoca que, aunque un trabajador reciba una subida de sueldo, su carga fiscal también aumente, por lo que en la práctica puede no estar ganando poder adquisitivo. Desde el ámbito político, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha solicitado la deflactación del IRPF al considerar que las medidas fiscales del Ejecutivo ante la guerra son "insuficientes y ya han caducado por el efecto de la inflación". Gamarra ha señalado que con estas políticas "el Gobierno sigue cobrando los mismos impuestos y, por tanto, asfixiando más a las familias españolas", que ven reducido su poder adquisitivo. Los expertos coinciden en la necesidad de un ajuste. Rubén Gimeno, del REAF, ha explicado en COPE que la deflactación "tendría que ser una corrección técnica" que el Gobierno aplicase todos los años en función de la subida de los salarios, incluyendo los mínimos personales y familiares. Ha insistido en que "lo que tendría que hacer ahora es deflactar la tarifa acumulada, porque si no estaríamos en lo mismo". El informe del Consejo General de Economistas de España (CGE) alerta de que la diversidad normativa autonómica es cada vez mayor. Mientras la tarifa estatal del IRPF va del 9,5% al 24,5%, hay comunidades con tipos marginales muy superiores, como la Comunidad Valenciana (54%), Navarra (52%) o La Rioja (51,5%), lo que eleva la presión fiscal sobre sus contribuyentes. Las desigualdades son aún más evidentes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según el REAF, un heredero en Asturias puede llegar a pagar hasta 100.000 euros más que en Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía por una herencia de 800.000 euros. En el caso de una donación del mismo importe, la diferencia puede alcanzar los 200.000 euros más si se tributa en Extremadura en comparación con Cantabria o Baleares. Como consecuencia de este escenario, las cifras de recaudación han experimentado un notable aumento. Los ingresos totales de las comunidades autónomas crecieron un 16,5% en 2023, con el tramo autonómico del IRPF como principal motor, que aumentó un 21,13%. En paralelo, los ingresos tributarios del Estado se incrementaron un 10,4% en 2025 respecto a 2024, alcanzando la recaudación del IRPF los 142.466 millones de euros.
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