Cope Zaragoza
El juez José Antonio Vázquez Taín ha analizado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por José Luis Pérez, el auto por el que el juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez. Durante su intervención, el magistrado ha desgranado las claves de una instrucción que, según defiende, se ha limitado a seguir los indicios y que se dirige ahora hacia un juicio con jurado popular debido a la imputación por malversación. Preguntado por la extensión y detalle del auto de 39 páginas, Vázquez Taín sostiene que el juez Peinado ha buscado proteger su resolución de la tormenta mediática y política que anticipaba. “Él sabe que a partir de ahí le va a venir el torrente de críticas y descalificaciones”, ha explicado el magistrado, por lo que ha intentado “justificarla hasta lo máximo, quizás incluso en lo excesivo”. Según Taín, es la última oportunidad que tiene el instructor para expresarse: “Es mi última palabra, porque los jueces, normalmente, tenemos que estar callados, aguantando las críticas”. En este sentido, el juez ha querido ser especialmente minucioso para “dar respuesta a todas esas, digamos, reproches que él sabía que le iban a hacer”. Taín recalca que, aunque un auto de procesamiento no suele necesitar “tanta filosofía ni tanto razonamiento”, la situación es excepcional, ya que cada una de las decisiones del juez Peinado ha sido avalada en lo fundamental por la Audiencia Provincial. Respecto a los cuatro presuntos delitos que se le imputan a Begoña Gómez, el juez rechaza que el de apropiación indebida del software sea el más preocupante. “Yo te digo que los cuatro están más o menos igual, a la par en cuanto a su fundamentación”, ha sentenciado. Vázquez Taín ha explicado la complejidad de delitos como la corrupción en los negocios, del que apenas hay tres sentencias en España, y ha aclarado que sin un interés económico, no existirían estos delitos. Sobre las posibles penas, ha señalado que todos los delitos están “más o menos a la par”, aunque ha destacado la gravedad de la malversación, ya que “supone no solo la pena de prisión, sino además también la inhabilitación”. En cuanto a la comparación con el caso Nóos, Taín marca una diferencia clave: mientras que en ese caso existía una estructura empresarial, aquí el auto se centra en si las actividades de Gómez “difícilmente son explicables en cualquier ciudadano normal” y solo hubieran sido posibles por su relación con el presidente del Gobierno. Uno de los puntos más destacados de su análisis es por qué el caso se dirige a un juicio con jurado popular. La razón, explica, es puramente legal: la Ley del Jurado establece que si uno de los delitos imputados, en este caso la malversación de caudales públicos, debe ser juzgado por esta vía, arrastra a todos los demás. “No es más que la audiencia lo verá de otra manera y lo valorará, pero el juez, prudentemente, lo que tiene que hacer es aplicar la ley”, afirma. Pese a la obligación legal, Vázquez Taín ha confesado su preferencia personal: “Me gustaría que fuera a un juzgado profesional, porque es un tema lo suficientemente delicado como para que se valore y se razone”. Sin embargo, ha insistido en que los jueces deben seguir la ley, ironizando que “aquellos que han dado preferencia a los jugadores populares ahora que no protesten”. Finalmente, el magistrado ha defendido el modelo de juez instructor español, supervisado por una audiencia, frente a la propuesta del Gobierno de entregar la instrucción a la fiscalía. Ha recordado que el sistema español es uno de los que menos sanciones recibe del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “La decisión de investigar o no determinados delitos va a ser política, y yo eso no lo quiero”, ha concluido, criticando la politización de la justicia.
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