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La decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida- ha generado una «indignación» absoluta en el Gobierno. Si en Moncloa suelen relativizar las causas judiciales que les son adversas, en el caso de la esposa del presidente la reacción es profundamente airada y se sale del patrón habitual. Ni rastro del tradicional «respeto a las decisiones judiciales». No hay disimulo. En el Ejecutivo cuestionan abiertamente una instrucción judicial que, en su opinión, supone un claro ejemplo de prevaricación. No en vano, el propio Pedro Sánchez -a través de la Abogacía del Estado- y la defensa de Gómez se querellaron por este delito contra... Ver Más
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