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El organismo que dirige Eduardo Beut reprocha irregularidades constitutivas de nulidad en un contrato de emergencia de la Generalitat previo a la etapa de Carlos Mazón y a la dana Hemeroteca - La Fiscalía Europea archiva una denuncia sobre los contratos de emergencia de la dana de Mazón al no ver indicios de delito La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha pasado de puntillas sobre los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo autonómico valenciano de Carlos Mazón tras la dana del 29 de octubre, trágica jornada que dejó 230 fallecidos y una inédita destrucción material de infraestructuras. Sin embargo, Antifraude se ha remontado a una adjudicación firmada en 2022, durante la etapa del Pacte del Botànic, para recomendar a la Generalitat una “adecuada planificación y programación” de la contratación administrativa “para prevenir, de forma específica, situaciones de riesgo o de peligro y evitar, en la medida de lo posible, el recurso a la tramitación de emergencia”. El informe de Antifraude detecta una justificación de la elección del procedimiento de emergencia “incompleta, fragmentada y confusa”, además de un “precio erróneo” en el contrato firmado hace cuatro años. Se trata de una adjudicación por parte de uno de los organismos públicos de la Generalitat, aunque siguiendo la política de opacidad del nuevo director de Antifraude, Eduardo Beut, la resolución de la agencia no detalla a qué organismo corresponde y resume sus conclusiones en apenas un folio y medio. Antifraude sostiene que el contrato “incumple la obligación de proporcionar una justificación razonada y sólida que demuestre que no se ha hecho un uso inadecuado de esta modalidad de contratación”. Por otro lado, el informe de la agencia recuerda que “no se acredita en el expediente una actuación diligente respecto de las alteraciones de la geometría de vía” (por lo que se desprende que se trata de un contrato vinculado a las infraestructuras de transporte). “La justificación se basa en controles geométricos realizados en un intervalo demasiado largo, y se omite el control realizado a principios de 2021. La entidad conocía la existencia de problemas la superestructura de vía desde mayo de 2017, del estado de degradación desde junio de 2020 y de la progresión de la degradación desde febrero de 2021”. Antifraude también critica la falta de justificación de que la contratación “se hubiese limitado a las actuaciones estrictamente indispensables en el ámbito objetivo para prevenir o remediar los daños determinantes de la emergencia”. “No se justifica la necesidad de haber acudido a la contratación directa como procedimiento estrictamente necesario o los motivos por los cuales no era posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia”. Tampoco se justifica “adecuadamente” la insuficiencia del contrato vigente ni se acredita “por qué los trabajos realizados por razón de los contratos anteriores no subsanaron los problemas que ocasionaron la actuación de emergencia”. Por si fuera poco, el acuerdo de ejecución que exige la Ley de Contratos del Sector Público “se adoptó de forma extemporánea, con un retraso superior a los dos meses desde el inicio de la actividad del adjudicatario”, según las conclusiones de la Agencia Antifraude. Un “precio erróneo” Además, en el contrato suscrito el 10 de mayo de 2022, se estipuló un “precio erróneo”, que no fue corregido según los procedimientos previstos en la normativa, “lo que determina una irregularidad constitutiva de nulidad”. El informe recuerda que la modalidad de emergencia es “excepcional”. También pide que se las adopten medidas “necesarias” para que en todos los contratos que se tramiten de emergencia “se siga de forma estricta” la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre criterios a aplicar y aspectos a comprobar por los órganos de contratación para “asegurarse de que se ajustan” a lo dispuesto en la normativa española y en las directivas de la Unión Europea en materia de contratación pública. También recomienda que se soliciten ofertas a más de una empresa en los casos en que sea necesario acudir a la contratación de emergencia, lo cual permite, según el Tribunal de Cuentas, “adecuar la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa”.
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