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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Según una información adelantada por The Objective y confirmada por Europa Press, la investigación también se dirige contra las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y otros cuatro trabajadores públicos. Un decreto de la Fiscalía, con fecha del pasado 11 de marzo, ya ha designado un fiscal instructor para el caso. El caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de Valencia. La formación política alertó sobre la supuesta creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales con el objetivo de llevar a cabo una “recolocación” de personal público “a dedo”. Este personal procedía del Consorcio Valencia 2007, la entidad ahora liquidada que gestionaba La Marina y en la que participaban el Gobierno, la Generalitat y el propio Ayuntamiento. Según consta en la denuncia, los hechos habrían ocurrido en la primavera de 2024. Justo cuando el Consorcio estaba en pleno proceso de liquidación, se pusieron en marcha diferentes procesos selectivos tanto en el consistorio como en fundaciones municipales y en el Puerto de València. Estos procesos habrían servido presuntamente para “recolocar” a determinadas personas. La denuncia presentada por Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción incorporaba también un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Este documento ponía el foco específicamente contra los procesos selectivos del Puerto de València, presidido por Mar Chao.
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