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Los grupos parlamentarios continúan debatiendo en el Congreso iniciativas registradas en torno a la prohibición del velo integral —el burka y el niqab— en el espacio público. Este martes, el Pleno ha abordado la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por Junts, que no pierde oportunidad de jugar sus elementos nacionalistas. Está previsto que decaiga por falta de apoyos. El partido del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont persigue dos objetivos: prohibir cubrirse completamente el rostro cuando impida la identificación, apelando a la igualdad entre hombres y mujeres, y la delegación en la Generalitat de Cataluña de las competencias de seguridad ciudadana. En un único artículo, Junts plantea prohibir la utilización en el «espacio público» de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona. «La prohibición prevista en este apartado comprende, entre otras, las prendas comúnmente conocidas como niqab o burka», señalan en el texto, que precisa que por espacio público se entenderá «vía pública» y de acceso público o de uso público, incluidos los «medios de transporte, dependencias administrativas y equipamientos abiertos al público». PP y Vox ya presentaron sendas propuestas para prohibir el velo integral. No obstante, en febrero, se tumbó la toma en consideración del texto de Vox. Fue rechazada por Junts y por la izquierda, que la tildó de xenófoba por relacionar inseguridad con inmigración —aunque el PSOE y sus socios sí se abrieron a estudiar qué hacer con el burka y el niqab—. Luego, el PP registró la suya propia donde se centran solo en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, para diferenciarse de Vox y facilitar así su tramitación parlamentaria. En paralelo, el PNV pidió la creación de una subcomisión parlamentaria para mantener este debate y Junts registró la propuesta de ley que hoy se debate con la mencionada delegación de competencias. En la exposición de motivos, Junts considera que estas prendas son un «instrumento de invisibilización» y «subordinación». Desde la tribuna de oradores, el diputado de Junts Josep Pagès habló de la «sumisión, humillación y esclavitud» que suponen y advirtió que no les importan que «algunos irresponsables» vuelvan a llamarles «racistas» porque, según dijo, «la igualdad, la convivencia y la seguridad pública son más importantes». Al margen de la prohibición del velo integral, Junts reclama el control de la seguridad ciudadana, que quedaría en manos de los Mossos d'Esquadra, incluyendo puertos y aeropuertos y el control de fronteras (incluso gestionando la devolución de extranjeros), así como la emisión de documentos como, DNI, Pasaporte y NIE. Invocan para ello el artículo 150.2 de la Constitución, que permite la atribución de competencias del Estado a las comunidades autónomas. Durante el debate de consideración, la socialista Andrea Fernández subrayó que también el PSOE considera que estas prendas son «una muestra de opresión» de las mujeres y recomendó debatir en una comisión parlamentaria. «El PSOE no tiene ningún miedo a este debate», dijo. Sí criticó el enfoque de la derecha al abordar el debate y apuntó que su «sarta de bravuconadas» no contribuye a un análisis serio. Fernández reprochó a Junts y a la derecha en general que la seguridad es la «coartada» que utilizan para encubrir su «intolerancia». La clave del problema no está en el espacio público, sino en el ámbito privado, explicó la socialista, donde estas mujeres sufren violencia de género y coacción. «La solución en ningún caso pasa por expulsarlas del espacio público a base de prohibiciones», zanjó. Al lado opuesto del tablero político, Cristina Teniente, diputada del PP, acusó de «cinismo» a la diputada socialista porque, dijo, bajo el pretexto de su «falso feminismo» tumban la prohibición de prendas que «oprimen» a las mujeres. Teniente también subrayó con contundencia que una democracia que permite la «desaparición de las mujeres en el espacio público» está fallando en la protección de su dignidad y libertad. Y defendió que la propuesta del PP que se debatirá próximamente está ajustada a la jurisprudencia europea y cargó contra Junts por querer introducir «por la puerta de atrás» una cesión de competencias a Cataluña. Mikel Legarda (PNV) recordó también que su grupo fue el que registró la propuesta de creación de una subcomisión parlamentaria para debatir este asunto y defendió que cualquier regulación debe ajustarse a los «tratados internacionales» y a la interpretación de los órganos jurisdiccionales, en particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Cuya jurisprudencia será el parámetro de validez, nos guste o no», ha dicho. Respecto a la delegación de competencias considera que ya lo apoyó anteriormente porque «no desborda el perímetro constitucional». Blanca Armario (Vox) acusó a Junts de «falta de memoria» e «incoherencia», al señalar que el independentismo catalán habría contribuido a la «islamización de Cataluña». La diputada también relacionó inmigración e inseguridad ciudadana, citando datos de agresiones sexuales en la comunidad, y criticó que el interés de Junts no sea la «igualdad y la convivencia», sino una nueva «cesión» política en materia de seguridad, control de fronteras y documentos de identidad. Podemos y Sumar también rechazaron el planteamiento de Junts al considerar que contribuyen a «alimentar el miedo» y la «confrontación cultural» porque su uso es prácticamente inexistente. ERC también negó su apoyo y Bildu criticó que la propuesta de Junts mezcle la prohibición del velo con la delegación de competencias y dijo que si se hubiese tratado solo de la segunda, la hubieran apoyado.
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