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La justicia no solo ha de ser independiente; ha de ser, además, escrupulosamente respetuosa con la ley que aplica. Esa exigencia, base del Estado de derecho, vuelve al centro del debate público en Balears tras la condena del TSJIB a la magistrada Isabel Poveda Bernal. La resolución, que impone dos años de inhabilitación por prevaricación, describe una actuación sustentada en decisiones «manifiestamente injustas» en un proceso concursal vinculado al hotel Bahía Azul de s’Arenal. No es un matiz menor: la prevaricación, incluso en su modalidad imprudente, supone una grave quiebra del deber de sometimiento a la legalidad. El tribunal introduce, no obstante, un elemento relevante al descartar la intencionalidad. No hubo voluntad deliberada de dictar resoluciones injustas, sino una actuación marcada por grave imprudencia. La magistrada creía actuar correctamente, aun cuando la ilegalidad de su decisión era flagrante.
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