COPE
El Ayuntamiento de Lorca ha mostrado su firme rechazo al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno municipal, Rosa Medina, lo ha calificado como "una decisión unilateral, irresponsable y profundamente injusta", que además es "una irresponsabilidad histórica que se ha impuesto sin debate, contra el interés de los españoles y ajena a la realidad de los municipios". Medina ha advertido que la medida se ha adoptado "de espaldas a las Cortes Generales y sin consenso político ni social". Según la portavoz, el Gobierno "vuelve a actuar por la puerta de atrás, evitando el debate parlamentario porque sabe que no cuenta con el respaldo suficiente". Ha subrayado que es la primera vez que una decisión de esta magnitud "se impone sin pasar por el Congreso ni el Senado, lo que supone un desprecio absoluto a las reglas básicas del Estado de Derecho". Desde el consistorio se ha insistido en que esta regularización masiva "castiga a quienes han hecho las cosas bien, a los inmigrantes que han llegado legalmente, con contrato de trabajo y cumpliendo la ley, y premia a quienes han accedido de forma irregular". Medina ha advertido que esta medida "va a provocar un efecto llamada inmediato", incentivando la llegada de más inmigración irregular y favoreciendo a las mafias. Además, la edil ha anunciado que el Ayuntamiento "seguirá utilizando todos los mecanismos institucionales, políticos y legales a su alcance para exigir la retirada inmediata de esta medida". Y ha reiterado que "España necesita una política migratoria seria, ordenada y basada en el control de fronteras, el cumplimiento de la ley, la lucha contra las mafias y el respeto a quienes vienen a aportar y a integrarse". En contraposición, la reciente aprobación del decreto ley ha generado una intensa actividad en las asesorías de Lorca. La gestora administrativa María Belén Espinosa Cabrera ha confirmado que el sector se prepara para una "gran avalancha de trabajo" por el alto número de personas que podrán acceder a su tarjeta de residencia y trabajo. Desde el punto de vista profesional, Espinosa considera que la medida supondrá un impulso económico significativo para la sociedad lorquina y española. La gestora ha explicado que, al regularizar su situación, "estas personas empezarán a aportar a la sociedad", cotizando a la Seguridad Social, lo que se traduce en un avance en la integración social y económica.
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