Faro de Vigo
Hay una cosa que me llama la atención de estos escándalos que estamos conociendo últimamente de adjudicaciones a dedo de viviendas protegidas a familiares, amigos y conocidos de los políticos y funcionarios que las gestionan. En realidad son dos, la primera es que no salgan a la calle con antorchas los sufridos contribuyentes expulsados de sus pisos de alquiler por subidas exorbitantes de las mensualidades, los que en su cincuentena se ven obligados a compartir habitación con un desconocido, los jóvenes que nos se pueden ir a vivir juntos, los que llevan diez años en una lista de espera pública y etcétera. La segunda es la formidable calidad con la que se ha construido determinada VPO en este país. Qué envidia, ¿no? Pensaba que solo se edificaban en el mercado libre, con vistas a venderlos a extranjeros por un precio imposible para el ciudadano medio español, bloques a todo tren con gimnasio y sauna, barbacoa, solarium y un parque infantil amurallado para que sus niños no se mezclen con los nuestros, pero estaba equivocada. El Residencial Les Naus de Alicante, 200.000 euros de precio medio y con 5.000 demandantes, se repartió entre cargos del PP, responsables del área de Urbanismo y sus allegados. Hijos de notarios, arquitectos y hasta 5 descendientes de una misma familia copetuda se hicieron con pisos dotados de garaje, trastero, piscina, pistas de tenis y vistas al mar. Qué maravilla, ¿no? Pues no lo suficiente: muchos acabaron en alquiler, ladrillo para la especulación. En Los Lirios, comunidad de pisos subvencionados con lujosas zonas verdes y piscina, compartieron rellano la mujer del alcalde de Alicante y su cuñada, hoy excuñada. El Ayuntamiento de Palencia ha denunciado a una concejala del PP que accedió a un chalet de protección oficial con piscina. Parece una contradicción in terminis, lo del chalet de protección oficial, pero no. Se pueden construir 47 unifamiliares alrededor de una pileta comunitaria en un gran solar público valorado en 1,8 millones de euros, venderlos en un sorteo cerrado entre 47 postulantes a 157.000 euros y llamar a eso política de vivienda pública.
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