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Hace más de medio siglo que el real de la Feria de Sevilla se trasladó desde el Prado de San Sebastián al barrio de Los Remedios, ocupando unos suelos de titularidad estatal que fueron cedidos a la capital hispalense con la única condición de que se destinaran exclusivamente a acoger la infraestructura de esta gran fiesta mayor de la ciudad. El acuerdo se hizo efectivo gracias a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, propietario entonces de los terrenos de Los Gordales, que a día de hoy sigue estando vigente. Por eso, en los planes del gobierno de José Luis Sanz para ampliar los límites del recinto para la edición del año 2027, juega un papel relevante la postura que adopte el Ejecutivo central ante esta iniciativa. La propuesta que defiende el alcalde se basa en el retranqueo de la calle del Infierno en dirección a la estación de metro de Blas Infante, de modo que se deje libre un espacio de más de 19.000 metros cuadrados que permitiría la creación de dos nuevas calles y el encaje de más de 200 casetas nuevas . Esto, si se tienen en cuenta las últimas declaraciones de Sanz, será «sí o sí» una realidad en 2027, llegue o no llegue la autorización del Gobierno de España. Pero la realidad es que, como también ha insistido el regidor, no haría falta el visto bueno del Ministerio de Hacienda (que es el que actualmente se encarga de la gestión del patrimonio), ya que los fines a los que se seguirá destinando el suelo de Los Gordales son los mismos que ya recibieron en su momento la preceptiva autorización, es decir, a ser recinto ferial. Pero a pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Sevilla envió hace un año un escrito al Ejecutivo central en el que solicitaba su permiso para poder llevar a cabo este proyecto de ampliación de la Feria. ¿Por qué se envió esa carta si según el alcalde no es necesario el visto bueno de Hacienda? Pues el propio Sanz ha aclarado estos días esa cuestión, asegurando que se trataba de un gesto de «cortesía» con el Gobierno para que estuviese al tanto de los planes del Consistorio. Con ese objetivo de «guardar las formas», se remitió el 23 de abril de 2025 la primera misiva al Ministerio del que en ese momento estaba al frente la sevillana María Jesús Montero, hoy la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Hubo tres meses de silencio, hasta que en julio llegó de vuelta una respuesta en la que se incluían una serie de reparos y se exigía al Ayuntamiento aclaraciones relacionadas con varias áreas municipales. Lo que pedía el Gobierno de España en aquel escrito eran, principalmente, aspectos que tenían una respuesta más que obvia. Por ejemplo, se solicitaba saber cuál iba a ser el destino que se le diera a esos terrenos, una memoria detallada de los fines de interés social de la propuesta o, desde un punto de vista más técnico, la acreditación formal de la persona que formulaba esta petición en nombre de la ciudad. La respuesta del ejecutivo municipal se produjo el 30 de octubre, dando en ella aclaración a estos planteamientos. Pero sólo unos días después, el 11 de noviembre, el equipo de la ministra Montero remitió otro escrito con más pegas que luego fue ampliando en una segunda carta fechada el 1 de diciembre. En ambas se solicitaba, entre otros aspectos, un acuerdo del Pleno que respaldara la propuesta , cuando la Ley de Grandes Ciudades faculta para ello a la Junta de Gobierno Local. La realidad es que desde entonces han pasado cinco meses y el Gobierno de España sigue en silencio. Ni siquiera la salida del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha facilitado que el asunto se desbloquee, salpicado por la campaña política que se vive desde hace semanas en Andalucía con las miras puestas en las elecciones del 17 de mayo . Su relevo en el cargo, el ministro Carlos Cuerpo, sigue teniendo la propuesta sobre la mesa y, ante su falta de respuesta, el alcalde anunció este lunes que había remitido otro nuevo escrito para volver a solicitar la autorización estatal al proyecto de ampliación de la Feria. Pero en Madrid, de momento, dan la callada por respuesta. Y es que, si los planes de Sanz salen adelante, algo de lo que el alcalde no tiene dudas, las nuevas casetas estarían para la Feria de 2027, es decir, sólo unas semanas antes de las elecciones municipales. Al margen de este ir y venir de escritos, hay otro aspecto sobrevolando esta batalla política que no resulta baladí. Se trata de la fórmula escogida por el Ayuntamiento para llevar a cabo la ampliación. Se pretende adjudicar los trabajos a una empresa privada que sea la que invierta los 33 millones de euros que costaría la obra, a cambio de una concesión de los terrenos por casi 30 años. En ese tiempo, el gobierno municipal abonaría un canon de 2,9 millones de euros anuales y, por contra, la ciudad repercutiría en sus arcas los ingresos de las preceptivas tasas. Sin embargo, la empresa que se haga con este contrato obtendría un lucro por el uso de este suelo público y eso es lo que, al parecer y según algunas fuentes, despierta dudas en el equipo del Ministerio de Hacienda. Ahí, además de en lo político, podría estar el motivo del freno a un asunto que Sevilla lleva décadas demandando.
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