COPE
Este jueves se ha abierto el plazo de solicitud para la regularización de migrantes en La Rioja, un proceso que podría beneficiar a unas 8.000 personas. La medida tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha logrado un respaldo social masivo, con el apoyo de más de 900 asociaciones, la Iglesia Católica y la recogida de 750.000 firmas de ciudadanos en todo el país. Entidades como Cáritas ya están preparando la atención que brindarán a estas personas para ayudarles en la gestión. Desde Cáritas La Rioja celebran la aprobación del real decreto definitivo como "la muestra final de un éxito colectivo". Marcos Montoya, trabajador social y responsable del Programa de Personas sin Hogar, Temporeros y Migraciones de la entidad, ha afirmado en COPE Rioja que es un logro que llega tras un largo proceso que comenzó en 2021. "Vemos como una cosa importante el tema de que por fin estas personas, que para nosotros son nuestra prioridad, vayan a tener reconocidos esos derechos que no tenían por su situación administrativa", ha señalado Montoya, quien considera que es "un paso bastante importante para la justicia social". A pesar de la celebración, en Cáritas muestran inquietud por la tramitación del proceso. Han detectado que en La Rioja solo se han habilitado tres puntos para la tramitación de solicitudes, y todos ellos están ubicados en Logroño. Esta centralización preocupa especialmente por la situación en la Rioja Baja, donde se estima que se presentarán al menos 2.000 solicitudes. "Creemos que la atención va a ser escasa para toda la tramitación que hay que hacer actualmente", ha advertido Montoya. “Nos preocupa especialmente que no haya puntos activados en otras zonas de la comunidad. Para muchas personas en situación administrativa irregular, el desplazamiento no es una cuestión menor, sino una barrera añadida”, expone el responsable del programa. Aunque la cifra que se maneja es de unas 8.000 personas en toda La Rioja, desde Cáritas recuerdan la dificultad de obtener un número exacto. Según Montoya, una de las características principales de la irregularidad es "la invisibilidad", lo que complica el cálculo preciso de las personas que podrían acogerse a la medida. Una de las principales preocupaciones de los solicitantes es reunir todo el papeleo necesario. Ante esta situación, desde Cáritas están transmitiendo un mensaje de calma y pidiendo "cuidado con el tema de la desinformación". Montoya ha alertado de que "muchas personas están dando informaciones falsas, se están aprovechando también de la inquietud de la gente y de la miseria". Para combatir este problema, la entidad va a habilitar varios puntos de información en toda La Rioja para asesorar y apoyar a los solicitantes. El objetivo es claro, tal y como ha subrayado Montoya: "No quisiéramos que por falta de asesoramiento e información quedarán personas sin poder tramitar". Esta acción se enmarca en el plan estratégico de Cáritas, donde la atención a las personas en situación irregular es una prioridad. La segunda inquietud tiene que ver con los plazos. Aunque la norma establece un máximo de tres meses para resolver las solicitudes, Cáritas teme que, si no se refuerzan los medios disponibles, la respuesta administrativa pueda demorarse más en la práctica. “Aun así, celebramos que durante este periodo se les vaya a facilitar una autorización provisional para que puedan trabajar y acceder a otros derechos que hasta ahora no tenían reconocidos”, añade Montoya. Junto a ello, Cáritas La Rioja valora que la norma aprobada esta semana contemple una vía específica para personas solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado su solicitud antes del 1 de enero de 2026 y prevea también un régimen transitorio para determinados expedientes ya en tramitación. A juicio de la entidad, este enfoque puede facilitar la regularización de situaciones que llevaban tiempo bloqueadas y ofrecer respuesta a realidades diversas marcadas por la incertidumbre. En este contexto, Cáritas La Rioja ya está reforzando su capacidad de acompañamiento. La entidad va a habilitar distintos puntos de información y asesoramiento repartidos por la Comunidad para orientar a las personas que puedan acogerse a esta medida. Además, ha destinado un técnico de referencia a la coordinación de todo el proceso y trabaja en la formación de un equipo de voluntariado que permita ampliar la atención en las próximas semanas. “Nuestro objetivo es claro: que nadie con posibilidad de regularizar su situación se quede fuera por falta de información, apoyo o recursos”, afirma el responsable del Programa de Personas sin Hogar, Temporeros y Migrantes. Asimismo, Cáritas La Rioja anima a las personas que puedan verse beneficiadas por esta medida a informarse a través de canales oficiales y de entidades sociales de confianza. La entidad recuerda que, ante un proceso excepcional y complejo, es especialmente importante contar con información contrastada y acompañamiento adecuado para evitar confusiones y que ninguna persona quede fuera por desconocimiento, desinformación o bulos. El acompañamiento a las personas en situación administrativa irregular es una de las líneas estratégicas aprobadas en la última asamblea de Cáritas La Rioja. Según el IX Informe FOESSA de La Rioja, las personas migrantes figuran entre los colectivos que concentran mayor riesgo de exclusión en la comunidad, junto con la infancia y las mujeres. Desde esa realidad, Cáritas insiste en que la migración no puede abordarse desde el prejuicio. “Se están generando importantes prejuicios hacia las personas y familias migrantes. Sin embargo, debemos entender que la migración no es un problema, sino una realidad y una necesidad para nuestra sociedad. Necesitamos a estas personas para que el país siga funcionando; de lo contrario, ya habríamos colapsado. Son una riqueza que nos plantea el reto de la acogida y la integración”. Por ello, la entidad celebra una regularización que contribuirá a mitigar la exclusión que sufren muchas personas en la región. “La situación administrativa irregular les impedía acceder a un contrato de trabajo y les cerraba la puerta a derechos y oportunidades básicas. Cuando estas personas trabajaban, muchas veces lo hacían en la economía sumergida, con el consiguiente riesgo de explotación y de inestabilidad permanente”, concluye Marcos Montoya.
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