COPE
El proceso de regularización de migrantes que ha arrancado en España promete cambiar la vida de cerca de medio millón de personas, según las estimaciones del Gobierno. Sin embargo, el inicio del plazo ha supuesto un auténtico calvario para muchos de los solicitantes. Como le ha pasado a Rocío, una migrante peruana que ha contado en 'La Tarde' las dificultades que está encontrando para conseguir una simple cita previa. Rocío ha pasado toda la mañana intentando, sin éxito, conseguir una cita a través del teléfono 060, habilitado para el proceso. "No lo conseguí", ha lamentado. Según su testimonio, el sistema automatizado deriva la llamada a agentes que están constantemente colapsados. "Marcas 1, si quiere cita. En este momento los agentes están colapsados, espere un momento. Si no desea esperar, marque 2 para que le impriman un certificado y lo pueda pedir personalmente. Marcas el 2, gracias, te cuelgan", ha explicado Rocío sobre su frustrante experiencia. La desesperación de Rocío es compartida por su entorno. "Hace un momento me llamó una amiga y me dijo: 'Rocío, ¿conseguiste la cita?'. No, le dije, ¿tú? 'Tampoco', me dijo", ha relatado. La alternativa, el proceso online, requiere un certificado digital que la mayoría de solicitantes no posee. Esta situación ha avivado uno de sus mayores temores: tener que recurrir a profesionales. "Pagar un abogado por 4 personas, pues, es algo para mí inasumible", ha confesado. Rocío, que llegó a España hace año y medio junto a su marido y su hijo de 17 años para reunirse con su hija mayor, lleva meses preparando la documentación necesaria. Aunque ya tiene casi todos los papeles organizados en carpetas individuales para cada miembro de la familia, se enfrenta a varios obstáculos burocráticos. Su hija de 22 años necesita un certificado de vulnerabilidad, pero no ha conseguido cita en la Seguridad Social hasta finales de julio, cuando el plazo de regularización finaliza el 30 de junio. A esta complicación se suma el caso de su esposo, que tiene una homonimia en Perú, lo que retrasa la obtención de su certificado de antecedentes penales. Aunque puede presentar la solicitud como justificante, es un problema añadido. Sobre la exigencia de este documento, una de las novedades del proceso, Rocío se ha mostrado a favor: "Me parece bien, la verdad. Esto va a permitir al país, creo, seleccionar a las personas que verdaderamente merecen esta oportunidad". Para Rocío y su familia, la regularización significa la posibilidad de "trabajar decentemente, legalmente". Su objetivo es poder trazarse un futuro, pagar la Seguridad Social y "cotizar para yo mañana más tarde pienso que en mi adultez tener de dónde cogerme". Una realidad muy distinta a la actual, donde la precariedad marca su día a día: "Yo así, por ejemplo, trabajo, me enfermo, no me pagan", ha sentenciado. Durante la entrevista en 'La Tarde', la periodista Ana Martín ha señalado que la intención del ministerio es "incluso, si tiene que alargar el plazo, alargarlo" para que nadie que cumpla los requisitos se quede fuera. No obstante, ha reconocido que el propio ministerio admite "no tener dimensionado este procedimiento". Por su parte, el escritor Lorenzo Silva ha apuntado a la necesidad de "soluciones más imaginativas", como un certificado digital provisional, para agilizar el proceso y garantizar los derechos de los solicitantes. El debate también ha contado con la perspectiva económica de Manuel Hidalgo, excatedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, quien en 'Herrera en COPE' ha desmontado el bulo sobre la bajada de salarios. Según Hidalgo, con las regularizaciones "los sueldos terminan subiendo, no bajando, por lo tanto es un mito", ya que se elimina la competencia desleal de la economía sumergida. Este proceso busca, en definitiva, acabar con situaciones de explotación como las que a menudo destapan las fuerzas de seguridad, donde los verdaderos delincuentes son los explotadores y no los migrantes en situación irregular.
Go to News Site