Cope Zaragoza
Dos de las familias afectadas por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), la de una víctima mortal y la de una persona herida, han decidido acudir a la vía penal. Su abogado, José Luis Orta Prieto, ha explicado en el programa 'El Cascabel' de TRECE los motivos de esta decisión, que busca depurar responsabilidades más allá de la compensación económica. El letrado ha detallado que, aunque las asociaciones tienen un papel importante, la personación como acusación particular es fundamental para defender los intereses individuales. Orta Prieto distingue entre dos grandes bloques de víctimas: "En el primer bloque están los fallecidos, que los pobres, pues ya son vidas segadas que que hay que determinar como si fuera un accidente de circulación", y por otro lado, "los lesionados, a los cuales hay que hacer un seguimiento [...] que puede durar 6, 8, 10, 12 meses de media, incluso se puede ir más lejos". La investigación se encuentra en fase de instrucción, un proceso que el abogado califica de lento pero eficiente por parte de la jueza de Montoro. A pesar de las "pequeñas anomalías" que surgen casi a diario, Orta Prieto ha señalado que el momento crucial está por llegar. "Lo importante viene ahora", ha afirmado, refiriéndose al nombramiento de tres peritos independientes que elaborarán un dictamen final. Este informe pericial será la base sobre la que actuará la justicia. "El juez tiene que ponerse en mano de peritos que en este caso sean independientes, que no sean de parte, y esos peritos le van a decir al al juez, señor juez, consideramos [...] que la causa del accidente, del descarrilamiento fue esta exactamente", ha explicado el abogado en el espacio dirigido por José Luis Pérez. Será este dictamen el que determine las causas y, con ellas, las responsabilidades. El objetivo de las familias es ir más allá de la compensación de la aseguradora. "Aquí vamos a exigir, por homicidios imprudentes vamos a exigir una responsabilidad penal", ha sentenciado Orta Prieto. Ha insistido en que no es suficiente con que la compañía de seguros pague, sino que se deben buscar responsabilidades penales individuales, ya que "detrás de todo eso siempre hay personas". El informe pericial será fundamental para "ponerle nombre y apellidos a ciertos responsables que estén detrás de todo eso". El abogado ha sido claro al afirmar que, si se demuestra una falta de mantenimiento, habrá responsables directos, no solo políticos, que deberán rendir cuentas ante la justicia. En cuanto a la responsabilidad civil, el abogado ha informado de que la aseguradora ya ha depositado 8 millones de euros en el juzgado. El proceso judicial abrirá "piezas separadas por cada lesionado o por cada fallecido" para determinar las indemnizaciones, aunque no cree que el proceso se alargue durante años. No obstante, ha reiterado que el foco principal está en la vía penal porque, como ha concluido, las causas del siniestro "van a tener también responsabilidades evidentemente civiles y penales".
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