ABC
La constatación de que el número de hogares propietarios ha caído a mínimos de dos décadas no es un dato aislado, sino el síntoma de un problema estructural que se ha ido agravando en los últimos años. La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España sitúa en torno al 70 por ciento el porcentaje de propietarios, cifra que va en descenso, confirmando una tendencia que golpea con especial dureza a los jóvenes y a los hogares de menor renta . Lejos de responder a un cambio cultural, esta evolución refleja una realidad más prosaica: la imposibilidad creciente de acceder a una vivienda en propiedad. El análisis de fondo remite, en primer lugar, a una crisis de rentas persistente. Aunque los ingresos medios han experimentado cierta mejora reciente, esta recuperación no ha compensado la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación ni la exagerada presión fiscal acumulada por la falta de actualización de tarifas y deducciones. El resultado es una capacidad de ahorro insuficiente para afrontar el esfuerzo inicial que exige la compra de una vivienda, especialmente en un contexto de precios al alza. El Banco de España ya había advertido en informes anteriores que el acceso a la propiedad estaba cada vez más vinculado a la renta y al patrimonio, una tendencia que hoy se confirma con mayor intensidad. Las consecuencias son evidentes: una brecha generacional creciente, un desplazamiento forzoso hacia el alquiler y una mayor vulnerabilidad económica de amplias capas de la población. Los jóvenes, en particular, quedan atrapados en un círculo vicioso en el que los altos costes del alquiler impiden ahorrar y, por tanto, acceder a la compra. El mercado, lejos de equilibrarse, se tensiona aún más por la rigidez de la oferta y por una demanda sostenida por factores demográficos y laborales. Pero el problema es más profundo. Este Gobierno de izquierdas no parece disponer ni de las soluciones necesarias ni de la voluntad de aplicarlas. Su marco ideológico, cerrado sobre sí mismo, rechaza de partida instrumentos que han demostrado eficacia en otros entornos, como los incentivos a la oferta, la colaboración público-privada o la flexibilización normativa. En su lugar, persevera en un intervencionismo rígido sobre los precios que ignora los mecanismos básicos de funcionamiento del mercado y que termina perjudicando precisamente a quienes pretende proteger. El resultado es un mercado de la vivienda desarticulado, en el que el alquiler se encarece por falta de oferta y la compra permanece fuera del alcance de una parte creciente de la población. La caída del número de propietarios no es, por tanto, una anomalía pasajera, sino la consecuencia lógica de una política errónea sostenida en el tiempo. España necesita un giro decidido en su política de vivienda. Incrementar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la capacidad de renta de los hogares son condiciones indispensables para revertir esta tendencia. Persistir en recetas ideológicas que han demostrado su ineficacia solo prolongará una crisis que amenaza con cronificarse y con lastrar las oportunidades de toda una generación .
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