Cope Zaragoza
Tubos Reunidos considera que no existe causa de disolución, al contrario de lo que recoge en su informe la Inspección de Trabajo, porque la "situación coyuntural" de desequilibrio patrimonial en la filial TRG ya ha sido "corregida". El documento de la Inspección de Trabajo de este pasado jueves no aprecia "indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho" durante la tramitación del ERE de Tubos Reunidos y establece un "deterioro significativo" de la situación económica de la empresa. Dice el informe que se ha producido un "empeoramiento sustancial de la rentabilidad de la sociedad" y señala que, al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Según Inspección de Trabajo, el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe "causa legal de disolución" conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Mientras, desde Tubos Reunidos se resalta que la situación "coyuntural" de desequilibrio patrimonial en la filial TRG ya ha sido "corregida". Y se añade que las cuentas anuales de 2025, junto con el informe de auditoría emitido el pasado lunes, muestran un patrimonio superior a la mitad del capital social de 23,0 millones por la capitalización de préstamos del socio único. Por ello, "no existe causa de disolución". Por su parte, el Gobierno Vasco insiste en que Tubos Reunidos necesita atraer nuevos socios inversores, pero cree que para que eso sea posible "hay que reducir mucho la deuda". A juicio del ejecutivo, la solución de refinanciación ofrecida por la SEPI "no es suficiente" y "todavía no se ha encontrado la fórmula adecuada para que la sociedad estatal acepte la quita de la deuda". El viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, ha participado este pasado jueves en la reunión que el comité de empresa de Tubos Reunidos ha mantenido con representantes del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales de Álava y de Bizkaia y el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, para abordar la situación de las plantas de la compañía en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ante el ERE presentado por la compañía que afecta a 242 trabajadores. Korta señala que las cuentas del último ejercicio de 2025 reflejan unas pérdidas de 118 millones de euros y una deuda de 263 millones de euros. Estas cifras, añade, "son anteriores al shock energético derivado del conflicto de Oriente Medio". "Tubos Reunidos, que ya estaba sufriendo una situación complicada por el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump, se ha encontrado en una situación aún peor con el estallido de la guerra con Irán", lamenta. En ese sentido, sostiene que hay que ser "conscientes de cuál es la situación real de la empresa". "La deuda es insostenible y el nuevo escenario internacional ha generado aún mayor incertidumbre económica", subraya.
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