COPE
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado un nuevo deterioro de los plazos de pago en España, alertando de que la morosidad sigue castigando con especial dureza a pymes y autónomos. Según la nueva edición del “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025”, un 85% de las grandes empresas supera el plazo legal de pago, una situación que, en palabras del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, puede provocar el cierre de muchas empresas por falta de liquidez. Durante 2025, el plazo medio de pago del sector público ha aumentado en tres días, hasta situarse en 70 días de media, mientras que el del sector privado también ha crecido en tres días, hasta alcanzar los 67 días. Ambos registros sobrepasan con claridad los límites establecidos por la ley, que fija un máximo de 30 días para las Administraciones Públicas y de 60 días para las empresas. En el ámbito privado, el estudio vuelve a señalar a las grandes empresas como las que presentan un peor comportamiento. Según el informe, para el 67% de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagar es la gran empresa, aquella con una facturación superior a 50 millones de euros. De hecho, el 85% de los proveedores afirma que estas compañías rebasan el plazo legal, y solo un 15% asegura cobrar dentro de los márgenes que marca la ley, un dato que empeora respecto al 26% de 2024. Un ejemplo de esta asfixia es el de Miquel Camps, dueño de una pyme de climatización, que sufre en primera persona cómo estos retrasos en los pagos impactan directamente en la liquidez de su negocio. El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, avisa de que esta situación, extendida por todo el país, puede provocar el cierre de muchas empresas a pesar de tener demanda si no se aplican soluciones eficaces. El empeoramiento de los datos del sector público resulta especialmente grave para la PMcM. Por segundo año consecutivo, las Administraciones pagan más tarde que las empresas (70 días frente a 67), a pesar de que su plazo legal máximo es la mitad. Esta anomalía, que no ocurría desde 2014, confirma una tendencia preocupante que ya se inició en 2024. Dentro del sector público, la Administración Local es señalada como la que más tarda en pagar por un 55% de los encuestados, seguida de la Administración Regional (26%) y la Administración Central (19%). Ante esta situación, Cañete reclama una actuación urgente y defiende que el sector público debería ser "el primero en respetar los tiempos que exige a los demás, ejerciendo así un papel ejemplarizante". La situación se agrava todavía más en el caso de la subcontratación, donde el plazo medio de pago se dispara hasta los 87 días. El presidente de la PMcM denuncia que la cadena de pagos está mal controlada y "continúa asfixiando a pymes y autónomos", lo que permite que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores más pequeños. Para corregir este problema, la PMcM plantea que las Administraciones Públicas paguen directamente a los subcontratistas, una medida que aportaría mayor agilidad y liquidez a las empresas. Esta fórmula, recuerdan, ya ha sido implementada con éxito por la Generalitat de Catalunya. El estudio también constata la persistencia de prácticas abusivas, ya que el 60% de los proveedores admitió haber firmado contratos con plazos de pago superiores a los permitidos por la ley. Además, la inmensa mayoría renuncia a tomar medidas: el 89% nunca exige los intereses de demora y el 94% no reclama la indemnización por costes de recobro. Por ello, el 91% de los encuestados considera necesario un régimen sancionador. La solución, para la PMcM, es clara y urgente. Como resume Cañete, "la lucha contra la morosidad no puede seguir aplazándose; resulta imprescindible actuar con medidas eficaces, control real de la cadena de pagos y un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la ley".
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