COPE
El reciente desmantelamiento de tres clínicas estéticas clandestinas en Tarragona, Valencia y Alicante ha vuelto a poner de manifiesto los peligros del intrusismo profesional. En estos centros ilegales, ubicados en pisos particulares, se inyectaba bótox y ácido hialurónico sin ningún control sanitario y por personal sin formación médica. Ofrecían tratamientos por 150 euros que en una clínica autorizada costarían alrededor de 600 euros, una diferencia de precio que esconde un riesgo altísimo para la salud. Este escenario de precariedad y peligro ha sido analizado en 'Herrera en COPE', donde Jorge Bustos ha entrevistado a la doctora Carmen Orte, otorrinolaringóloga, médico estético y directora de la Clínica Orte en Zaragoza. La experta ha proporcionado las claves fundamentales para que los pacientes puedan protegerse de estas prácticas fraudulentas que, en los casos más graves, pueden costar la vida. Ante la pregunta de qué es lo primero que un paciente debe comprobar, la doctora Orte es tajante. Lo principal es verificar que el centro cuente con el sello U.48, una autorización de Sanidad que certifica que "el personal y los profesionales sanitarios tienen la titulación necesaria". Además, recomienda a los pacientes que no duden en consultar a las sociedades científicas si un médico está cualificado para realizar un determinado tratamiento. "A mí hay pacientes que me han pedido la titulación, y cosa que me parece fenomenal", asegura. Una de las señales de alarma más evidentes son las ofertas y los precios excesivamente bajos. La doctora Orte subraya que la ética deontológica médica no permite las ofertas en tratamientos de este tipo. "Las clínicas no deberían hacer ofertas en tratamientos médicos, porque esto es como si te fueras a hacer un trasplante y te dieran un 2 por 1", explica. La experta considera que los precios excesivamente bajos son el "mayor signo de alarma". La diferencia de coste es tan grande que resulta insostenible para una clínica legal. "Yo he tenido muchos pacientes que previamente, a venir a mi clínica, se habían realizado tratamientos en sitios donde me decían los precios, digo, pero es que el producto a mí me cuesta más caro", confiesa la doctora. En su opinión, muchos pacientes "no ven el riesgo" real de estas intervenciones hasta que sufren las consecuencias, subestimando el peligro de someterse a un tratamiento en un piso particular. Ponerse en manos no cualificadas dispara exponencialmente los riesgos. Según la doctora Orte, los neuromoduladores (bótox) pueden producir ptosis palpebral (caída del párpado) y alteraciones en la movilidad facial. Por su parte, el ácido hialurónico puede causar migraciones, infecciones, nódulos, granulomas o edemas crónicos. "Cualquier tratamiento médico tiene riesgos en general, y pueden pasar cosas. Pues imagínate si a eso le sumas el riesgo de no estar utilizando un buen material o una buena técnica", advierte. El caso más trágico que ilustra estos peligros es el de Sara Gómez, una mujer de 39 años que falleció en 2022 tras someterse a una liposucción en Cartagena. La autopsia reveló un fallo multiorgánico irreversible provocado por múltiples perforaciones abdominales durante la intervención, realizada por un cirujano sin la cualificación necesaria. Su hermano, Rubén, lleva años luchando por justicia. La familia de Sara denunció al cirujano y al anestesista, pero el juicio aún no tiene fecha. "Es extremadamente frustrante e injusto, llevamos más de 4 años en fase de instrucción, cuando la ley solamente prevé, como mucho, un año, y al final, cuando la justicia es tan lenta, deja de ser justicia", lamenta su hermano. La lucha de la familia culminó con la aprobación de la conocida como 'Ley Sara', que entrará en vigor el 1 de julio para reforzar la seguridad del paciente. La doctora Orte coincide en que se ha banalizado la medicina estética, en parte por la influencia de las redes sociales y sus filtros, que crean expectativas irreales. De hecho, ha destacado que parte de las clínicas clandestinas desmanteladas "se publicitaban en Instagram". Critica también los vacíos legales existentes, ya que "no hay una especialidad concreta de medicina estética" y basta con un máster para ejercer, por lo que reclama primar una "buena formación" en un campo que "parece fácil y es muy peligroso". Con la nueva ley, la experta espera que se dé "un paso hacia adelante, un paso de seguridad hacia los pacientes, para que lo que le pasó a Sara [...] no vuelva a ocurrir". No obstante, considera que las competencias de cada especialista, algunas sin actualizar desde 2007, deberían ser "revisadas y actualizadas" para cerrar definitivamente la puerta al intrusismo.
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