Cope Zaragoza
El deterioro de la salud mental se ha agravado significativamente desde la pandemia, generando una crisis en la sanidad pública de toda España. La situación es especialmente crítica en provincias como Toledo y en la comunidad de Castilla-La Mancha, donde se denuncia una alarmante falta de profesionales en psiquiatría y psicología. Con una media de solo 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, los pacientes se enfrentan a un sistema que los infratrata, con sesiones programadas cada tres, seis o incluso una vez al año, una frecuencia que los expertos consideran totalmente insuficiente. Esta creciente demanda de atención por estrés y ansiedad, sobre todo en niños y adolescentes, crea una brecha social. Así lo explica Francisco Gullón, psicólogo clínico y docente en la academia APIR, quien señala que el acceso a una atención de calidad depende de dos factores: el lugar de residencia y la capacidad económica. Esto genera "ciudadanos de primera", que pueden costear un especialista privado, y "de segunda", que dependen de un sistema público desbordado. Según Gullón, la accesibilidad a un profesional de la salud mental pública es muy diferente si se vive en una ciudad o en el medio rural, donde el cierre de unidades agrava el problema. "El sufrimiento psíquico precisamente no entiende de cartera, no es algo que se alivie pagando más, pagando menos, sino que se alivia con una atención de calidad", afirma el psicólogo. Para ofrecer una terapia efectiva, no solo se necesitan buenos profesionales, sino también en la cantidad adecuada. Gullón es tajante al respecto: "Si a mí el psicólogo de la pública o el psiquiatra me ve cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses o incluso cada año, eso no puede proporcionar una psicoterapia de calidad". Los manuales de salud mental establecen que las sesiones deben ser quincenales o, como mucho, cada tres semanas, una frecuencia muy lejana a la realidad de la sanidad pública. La atención a los más jóvenes es una de las áreas más críticas. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, solo existe una unidad de salud mental infantojuvenil en Ciudad Real, con muy pocas plazas. Gullón subraya que "invertir en esas edades tempranas no es solo aliviar el sufrimiento del niño, la niña y su familia, sino que además es ahorrar psicopatología, sufrimiento y también dinero en el futuro". Una intervención preventiva a los 6 o 7 años puede evitar años de tratamiento y gastos psicofarmacológicos. Entre las problemáticas que más atención demandan en la infancia y adolescencia se encuentra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que requiere un gran esfuerzo sanitario, escolar y familiar. A esto se suman las "cifras tremendas" de bullying, autolesiones e intentos de suicidio en jóvenes, incluso en niños. "Ver las cifras de tanto de intento como de ideación autolítica que hay en gente cada vez más joven es desolador", lamenta Guyón. El gran problema es que, aunque existen protocolos y se sabe cómo actuar, faltan los medios. "No es una cuestión de que los psicólogos clínicos o los psiquiatras no sepamos qué hacer. Es cuestión de que no hay psicólogo clínico y no hay psiquiatra para intervenir donde tendríamos que intervenir, que es en el medio natural de esos niños", explica el experto. La situación actual es especialmente frustrante porque, a diferencia de hace 60 años, ahora el conocimiento existe, pero no se aplican los recursos necesarios. Los datos evidencian la enorme brecha. La media europea es de 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En España, la mayoría de las comunidades autónomas se sitúan en una ratio de 6 o 7 profesionales, un tercio de lo necesario. Este déficit no se debe a la falta de graduados en psicología, sino a la escasez de plazas de formación especializada en el sistema público. El camino para ser psicólogo clínico en la sanidad pública pasa por aprobar el examen PIR, el equivalente al MIR de los médicos. Sin embargo, las plazas ofertadas son insuficientes. "En esta última convocatoria ha habido 280 plazas, cuando hablamos de que si queremos cubrir las necesidades de cara a la actualidad y también al futuro, tendrían que estar en torno a 500", detalla Guyón. En la población adulta, los trastornos más comunes son la ansiedad y la depresión. Sin embargo, los casos más graves, como los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar o el trastorno límite de la personalidad, requieren una intervención intensiva, con varias sesiones por semana. Esta frecuencia es inviable en la mayoría de los centros de salud mental públicos, lo que compromete la recuperación de los pacientes. Afortunadamente, cada vez hay menos reparo social en buscar ayuda profesional. El perfil de quien necesita apoyo es muy diverso y abarca todos los estratos sociales. Sin embargo, Gullón reitera que las circunstancias, como vivir en una zona rural, empeoran el pronóstico. "Yo, por vivir en un pueblo de 15.000 habitantes, no debería tener menos derecho a recuperarme que si vivo en una ciudad de 3.000.000 de habitantes", concluye.
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