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La apertura por parte de la de Comisión de los Mercados y la Competencia de un total de veinte expedientes por el apagón del año pasado amenaza con diluir en la madeja de la 'multifactorialidad' la responsabilidad de Red Eléctrica, empresa pública cuya función no es otra que la de canalizar y garantizar el suministro y que desde el primer momento fue protegida por el Gobierno, cuya estrategia ha consistido en el reparto generalizado de culpas. La CNMC, sin embargo, sitúa a la compañía que preside Beatriz Corredor en el epicentro de un caos en el que de forma muy secundaria intervinieron las empresas privadas del sector de la energía, igualmente investigadas por Competencia, pero por causas menores y colaterales. Es Red Eléctrica la única expedientada por una «infracción muy grave» –incumplimiento de sus funciones con perjuicio para el sistema o los sujetos– que puede acarrearle una sanción de hasta 60 millones de euros. El reparto de responsabilidades y la 'multifactorialidad' chocan contra las evidencias de un fallo sistémico sobre el que el Ejecutivo no ha querido arrojar luz.
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