Cope Zaragoza
La experta en derecho laboral conocida en TikTok como @mdmariapm ha explicado en un vídeo viral que "a partir del 7 de junio de este año hay una normativa europea donde tiene que haber transparencia salarial". Sin embargo, aunque la directiva ya está en vigor, su aplicación práctica y obligatoria para las empresas no comenzará hasta el 7 de junio de 2026. Esta medida busca revolucionar la forma en que se gestionan los sueldos en España y en toda la Unión Europea. La normativa, recogida en la Directiva (UE) 2023/970, establece nuevas obligaciones para las empresas con el objetivo de erradicar la brecha salarial de género y garantizar la igualdad retributiva. El fin del secretismo salarial es una de las claves de esta legislación, que pretende aportar luz sobre un tema que a menudo genera ansiedad y malestar en los trabajadores. Uno de los cambios más significativos afecta a los procesos de contratación. Las empresas deberán informar sobre el salario inicial o su rango en la propia oferta de empleo o antes de la primera entrevista. Además, quedará prohibido preguntar a los candidatos por su historial salarial en trabajos anteriores. Para los empleados actuales, la directiva consagra el derecho a la información. Podrán solicitar datos sobre los niveles salariales medios, desglosados por sexo, para trabajadores que realicen un trabajo de igual valor. Como señala la experta, "si tu compañero está ganando un 5% más que tú, la empresa va a tener que explicar por qué". La obligación de presentar informes públicos sobre la brecha salarial se aplicará de forma progresiva según el tamaño de la empresa. Las compañías con más de 250 empleados deberán informar anualmente desde junio de 2027, mientras que las que tienen entre 150 y 249 lo harán cada tres años a partir de la misma fecha. Las de entre 100 y 149 empleados comenzarán en junio de 2031. Esta transparencia contrasta con la opacidad de otros sectores, como el de la vivienda, donde la falta de información clara sigue siendo un problema para los ciudadanos. En caso de que la información salarial revele una brecha superior al 5% que no pueda justificarse con criterios objetivos y neutros, las empresas estarán obligadas a realizar una evaluación salarial conjunta. Esta evaluación deberá llevarse a cabo en colaboración con los representantes de los trabajadores para corregir las desigualdades.
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