El Comercio
La jornada electoral del 12 de abril volvió a exponer una falla estructural del Estado Peruano: su incapacidad para planificar y ejecutar servicios críticos con estándares mínimos de eficiencia. Lo que debió ser un proceso previsible –tras cinco años de preparación– terminó marcado por retrasos, ineficiencias y una experiencia frustrante para miles de ciudadanos.
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