El Plural
Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox han empezado a dar sus frutos. En Extremadura han llegado a un acuerdo gracias a la actitud de un PP cada vez más dependiente del partido liderado por Santiago Abascal, ya que el marco de la inmigración ha sido el punto principal del acuerdo. Todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir si el PP quería llegar al poder, con un Vox cada vez más fuerte, los populares han tenido que aceptar muchas de las propuestas que traía consigo el partido de ultraderecha. A su vez, en el acuerdo de 2023 que ambos partidos aceptaron los puntos sobre la inmigración no existían, y sin embargo en el acuerdo actual es el punto más importante. Vox lo tenía claro y llegó a la mesa de negociaciones con una postura muy firme sobre la inmigración, por ello, el PP de la extremeña María Guardiola con tal de llegar al poder ha firmado lo que sus socios más deseaban: la "prioridad nacional" de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones sociales. "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional", expresa textualmente el acuerdo entre ambos. Sin embargo, tal y como publica El País, el documento que llevo Génova a las negociaciones ponia todo lo contrario: "No aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición". La "prioridad nacional" es un punto que lleva buscando Vox a lo largo de todas sus negociaciones con el PP y en Extremadura lo han conseguido. Para los de Abascal esta prioridad significa que los españoles tengan preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas públicas, sin tener en cuenta su situación económica o familiar. La medida es clara: priorizar a los españoles por encima de la población inmigrante en el acceso a las prestaciones sociales. El criterio que se utiliza para materializar la diferenciación entre inmigrantes y españoles es el llamado "arraigo", que se evalúa principalmente en función de un tiempo mínimo de empadronamiento. En el caso del acceso a la vivienda pública, este requisito puede prolongarse hasta diez años - un plazo considerable que muchos inmigrantes difícilmente podrán cumplir -, ya sea mediante tres años continuos o diez discontinuos. Además, no solo se tiene en cuenta este aspecto, sino también la "trayectoria de cotización y contribución al sistema", es decir, el hecho de contar con empleo y haber cotizado. Esto se aplica en el caso de los inmigrantes con la documentación en regla, ya que el pacto establece la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular", limitando su acceso únicamente a casos de urgencia vital. De este modo, las personas en situación irregular quedan fuera de todas las ayudas, algo que, en el caso de la renta mínima de inserción en Extremadura, ya venía ocurriendo. Se plantea estructurar el sistema de "prioridad nacional"...
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