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A menos de un mes y medio de la llegada del Papa León XIV a España, con los obispos reunidos en asamblea plenaria desde este lunes y con la letanía incansable de Félix Bolaños de que cuenta con un acuerdo firmado con el Vaticano –que nadie ha visto–, el Gobierno afronta el riesgo de que su proyecto estrella de resignificación del Valle de los Caídos encalle en los tribunales y acabe derivando en un conflicto diplomático con la Santa Sede. Nueve recursos –entre ellos el de la comunidad benedictina– amenazan con paralizar un proceso que Bolaños continúa apuntándose como éxito. Inmatriculaciones, fiscalidad , indemnizaciones por abusos y Valle de Cuelgamuros. Son los cuatro puntos sobre los que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presume haber arrancado un acuerdo a la Iglesia católica. El último de ellos se materializaba esta misma semana con la puesta en marcha, a través de la web del ministerio, del mecanismo para que las víctimas de abusos que no puedan recurrir a la vía judicial soliciten reparación ante el Defensor del Pueblo. Sin embargo, el relativo a la resignificación de la basílica del Valle de los Caídos, rebautizado por la Ley de Memoria Democrática como de Cuelgamuros, parece ahora escrito sobre papel mojado y puede obligar al Ejecutivo a sentarse de nuevo a negociar si no quiere arriesgarse a un largo proceso judicial que paralice las obras. Porque aunque el Gobierno sigue adelante con la resignificación –el pasado 1 de abril el BOE publicaba el anuncio con el resultado del concurso y la adjudicación a los arquitectos ganadores del contrato para la redacción del proyecto y la dirección facultativa–, lo cierto es que en estos momentos pesan sobre el proceso nueve recursos que reclaman su nulidad. Seis de ellos, presentados por varios arquitectos, se acogen a un defecto de forma porque el concurso ignora que cualquier obra en el Valle necesita de una autorización especial del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y una posterior ratificación de la Comunidad de Madrid. Que ambas instituciones estén en manos del PP podría estar en el origen de ese olvido del Gobierno. Otros dos recursos, los presentados por Abogados Cristianos y una particular, reclaman la nulidad del acuerdo firmado por el ministro Bolaños y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en el que se fijaban las condiciones para la resignificación. El argumento esgrimido por ambos denunciantes es que aquel documento «fue firmado por una autoridad eclesiástica sin competencia para ello», por lo que Cobo «no tenía potestad» para rubricar un acuerdo que afecte a la naturaleza sagrada de la basílica, lo que «requiere la intervención expresa de la Santa Sede». Un argumento que adquiere una mayor significación en el recurso presentado por la propia comunidad benedictina del Valle. Entre sus tesis para impugnar el concurso también inciden en la falta de autoridad del arzobispo de Madrid para firmar, puesto que la abadía, que fue creada por el Papa Pío XII en 1958, tiene las condiciones de 'exenta' y de 'sui iuris', lo que implica, respectivamente, que no depende del obispo diocesano –Cobo, en este caso– y que el abad o prior actúa como superior mayor ante cualquier decisión de envergadura, por lo que sólo tiene por encima la autoridad del Pontífice. Además de esa falta de autoridad de uno de los firmantes, el recurso también señala que el documento autoriza la intervención en el atrio exterior y en varios espacios de la basílica que, sin embargo, tienen la consideración de «lugares sagrados». En concreto, el contenido de aquella carta –que Cobo recibió de Bolaños ya redactada el 4 de marzo y firmó al día siguiente– establece que «en el interior de la basílica se conservará como espacio destinado al culto la zona que ocupa el altar y las bancadas adyacentes», pero añade que «el resto de los espacios del interior de la basílica (vestíbulo, atrio, nave desocupada y cúpula) no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones de naturaleza artística y museográfica para la resignificación del lugar». Eso implicaría que las celebraciones litúrgicas compartirían espacio con elementos museísticos o cartelas, lo que podría afectar a la sacralidad del lugar. Además, de acuerdo al proyecto ganador, que implica derribar la escalinata de acceso a la basílica y sustituirla por un espacio museístico y una gran abertura en forma circular, sólo se podría acceder al templo a través de la zona resignificada . De ser así, se impediría la celebración de ceremonias que comienzan en el exterior, como la procesión del Domingo de Ramos, la Vigilia Pascual o la recepción a autoridades eclesiásticas. El mismo Cobo protagonizó en octubre una de estas ceremonias en el exterior, cuando presidió la ordenación sacerdotal de un monje, y fue recibido por el prior y la comunidad en el atrio, para ofrecerle el 'lignum crucis' e iniciar la procesión de entrada. Esa modificación incumple otro de los términos de aquel acuerdo, que dejaba claro que «el acceso al espacio de culto será independiente y tendrá lugar por la entrada principal de la basílica». Este recurso, y no tanto los de carácter técnico, es el que verdaderamente inquieta al Gobierno. Tanto, que el pasado 24 de octubre Félix Bolaños viajó al Vaticano para reunirse con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con quien ha venido negociando estos asuntos. En ese encuentro, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el ministro solicitó la mediación de la Santa Sede para que la comunidad retirara su impugnación e incluso llegó a plantear la posibilidad de sustituir a los benedictinos por otra comunidad. No obtuvo respuesta favorable. También la diócesis de Madrid ha intervenido ante la comunidad para que desistan de su intención, como ya ocurrió hace unos años, bajo la administración del cardenal Carlos Osoro, con algunas discrepancias de orden económico. Sin embargo, los monjes, que mantienen un silencio absoluto en los últimos meses, no parecen en estos momentos dispuestos a ceder. Mientras, el Gobierno sigue adelante con el proceso, que se encuentra en la fase de redacción. Será el paso previo para que el Ministerio de Vivienda licite la obra, presupuestada en 26 millones de euros , a los que hay que sumar cuatro del concurso y la redacción del proyecto. Si finalmente se concreta una fecha para el inicio de las obras, sin que haya resolución judicial o un acuerdo que respete sus pretensiones, la comunidad benedictina podría solicitar medidas cautelares para paralizar los trabajos. El pulso tiene, además, una derivada de mayor alcance. Un informe de la Conferencia Episcopal sobre el régimen jurídico del Valle ya advertía que suprimir la presencia de la comunidad «no parece factible sin el acuerdo de la propia abadía y de la Santa Sede» y que una intervención sin ese respaldo podría ir contra el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos firmado entre la Santa Sede y el Estado español, que garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto mientras no sean privados de su carácter sagrado. En el caso de que se rompiera ese 'status quo', además de generar un conflicto diplomático, es muy probable que la comunidad tuviera que abandonar el lugar. Bolaños conoce el Valle de los Caídos desde hace años. En calidad de secretario general de la Presidencia fue el encargado de negociar con la familia la exhumación de Francisco Franco. Sus diferencias con la comunidad benedictina, y en especial con quien era su prior Santiago Cantera, se remontan a aquellas fechas. Más tarde, ya como ministro y con el proyecto de resignificación sobre la mesa, las relaciones no mejoraron. Ante la resistencia de Cantera y la comunidad monástica, Bolaños inició otra táctica que había aprendido de los tiempos de María Teresa Fernández de la Vega: puentear a la Iglesia española y negociar de forma directa con la Santa Sede. Una opción que en este caso, por las condiciones de 'exenta' y 'sui iuris' de la basílica cobra más sentido. En la práctica, el ministro no acercó posiciones con el Papa sino con su secretario de Estado. De hecho, los principales avances se dieron en su visita a Roma de 25 de febrero de 2025, pero en aquellos momentos el Papa Francisco se encontraba hospitalizado. El estado de gravedad del Pontífice era tal que tenía restringidas las visitas incluso al propio secretario de Estado. Parolin no se reunió con el Papa en el Policlínico Gemelli hasta el 2 de marzo. Vistas las condiciones de salud en que se encontraba Francisco, parece poco probable que entre los pocos temas que pudo despachar aquel día se encontrara el del Valle de los Caídos. Sin embargo, es en esas fechas cuando el cardenal Cobo adquiere protagonismo en el pacto, como interlocutor desde la Iglesia. En una acelerada negociación acepta el 5 de marzo los términos que Bolaños le había remitido el día anterior. También entonces es cuando el arzobispo de Madrid arranca a los monjes otra de las condiciones del Gobierno para el acuerdo, la dimisión del prior Cantera y su alejamiento del Valle. Hace un año, en aquellos primeros días de marzo todo parecía encauzado. Pero llegó el recurso de los monjes y, más tarde, se hicieron públicos los términos del acuerdo Bolaños-Cobo, lo que todavía soliviantó más la situación. Tras fracasar en su intento de que los monjes retiraran el recurso, Cobo dio por finalizado su papel de interlocución y dejó en manos del secretario de Estado la resolución del conflicto. Mientras tanto, Bolaños insiste, la última vez este viernes en una entrevista concedida a La Sexta, en que tiene un acuerdo con el Vaticano, aunque el único documento aportado a la causa son los términos firmados con Cobo, que la archidiócesis de Madri d siempre ha calificado de un intercambio de notas. El pasado noviembre, en la rueda de prensa posterior a su última asamblea general, el secretario general de los obispos, César García Magán, reconocía que «la Conferencia Episcopal no tiene protagonismo en este tema», sino que «ha sido un proceso de diálogo a tres partes, Gobierno de España, comunidad benedictina con sus superiores y por otra parte la archidiócesis de Madrid». Un desmarque que no implica que el tema no preocupe a los obispos españoles, pues, en esa misma asamblea, el Valle ocupó parte de las discusiones durante una de las sesiones privadas. Dado que sigue sin resolverse, es previsible que de nuevo sea objeto de deliberación en la reunión que comienza mañana. Así, aunque reconociendo esa falta de jurisdicción sobre el asunto, es probable que el Valle vuelva a estar presente en esta Asamblea Plenaria. Autoexcluido también Cobo de la ecuación, la solución parece pasar necesariamente por una reunión entre la comunidad benedictina y Bolaños. Y con urgencia, si el ministro quiere enarbolar el acuerdo ante León XIV el próximo junio. Porque si el conflicto no se reconduce, el Gobierno no sólo se enfrentará a un bloqueo judicial de su proyecto en Cuelgamuros. También, a largo plazo, a una imagen mucho más incómoda, la de una basílica vaciada de monjes y un acuerdo con la Iglesia que, lejos de consolidarse, amenaza con saltar por los aires.
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