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El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha mostrado su total rechazo al proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha sido contundente al afirmar: “No estamos dispuestos a que Sánchez invite y los valencianos paguemos la cuenta”. Gil ha asegurado que no permitirán que los valencianos “paguen las consecuencias de una decisión unilateral, irresponsable y sin recursos”, respaldando así la decisión de la Generalitat Valenciana de recurrir el decreto. Según el dirigente popular, la medida “nace sin memoria económica, sin planificación y sin diálogo con las comunidades autónomas”, lo que a su juicio “demuestra una absoluta deslealtad institucional”. El gobierno autonómico estima que son 100.000 los migrantes que residen en la Comunitat sin tener regularizada su situación. Además, el dirigente popular ha criticado la rapidez con la que se ha aprobado la norma. “No es serio que el Gobierno apruebe un martes un decreto de este calado para que entre en vigor apenas dos días después, sin evaluar su impacto ni prever los recursos necesarios”, ha señalado. Frente a este “caos”, el PPCV “apuesta por una inmigración legal, ordenada, con futuro e integrada en nuestra capacidad real de acogida”, ha destacado el secretario general del partido, quien ha calificado la política del Ejecutivo como una “improvisación de un Gobierno a la deriva”. Desde el PPCV se ha recordado también las advertencias de la Comisión Europea, que ha alertado de que las regularizaciones masivas generan un efecto llamada. Estas medidas, según Bruselas, pueden poner en riesgo la seguridad, la cohesión social y el correcto funcionamiento del espacio Schengen, recomendaciones que el Ejecutivo socialista ha ignorado. Finalmente, el secretario general ha insistido en la necesidad de “respeto a la ley, el sentido común y la defensa de la calidad de vida de los valencianos”. Ha advertido de que “la Comunitat Valenciana no será el laboratorio de las ocurrencias de un Gobierno que legisla sin pensar en las consecuencias reales para los ciudadanos”.
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