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Las situaciones de conflicto no son nuevas en el edificio que abarca los números 48, 50 y 52 de la calle Castellar, que desde hace años acoge un garaje, el colegio concertado Calderón de la Barca, locales de artesanos y actividades de ámbito cultural y algunas antiguas viviendas okupadas . Pero la tensión se ha recrudecido por parte de los residentes ilegales ante la pretensión de la empresa principal propietaria del inmueble de recalificar y vender el espacio para que pueda acoger un hotel y nuevos pisos. Al respecto, no sobraría recordar que el conjunto constructivo que conforman los números 48, 50 y 52 de la calle Castellar cuenta con una protección parcial de grado dos, al estar catalogado con el nivel D del sector 8.2 del Conjunto Histórico, correspondiente al entorno urbano San Andrés-San Martín. En el recinto, que ocupa una inmensa parcela en pleno sector norte del Casco Antiguo, conviven diferentes actividades , pues en el número 52 Acc C trabajan algunos artesanos y 'emprendedores culturales', junto con un inquilino que habita allí; mientras en el número 52 Acc A funciona un parking privado, en el 52 y el 50 se ubica el colegio concertado Calderón de la Barca, en el número 48 acc A también operarían actividades culturales y en el 48 tan sólo viviendas, cuyos inquilinos son okupas. Más del 60 por ciento de la propiedad de todo el recinto pertenece a la empresa onubense Arenas de la Bellida , otrora Garaje Santa Inés, responsable del aparcamiento que funciona en uno de los números de todo este amplio espacio en pleno centro hispalense. El resto de la propiedad se divide entre múltiples pequeños propietarios que se reparten porcentajes del 4,5, el uno por ciento o incluso menos, figurando entre ellos personas que aún desarrollan alguna actividad en este espacio y otras ya desligadas del mismo en el plano material. Con este contexto, la propiedad principal del inmueble lleva años tratando de poner fin a una realidad que ha llevado al edificio a la ruina y donde aflora un latente conflicto social que viene de lejos, ya que los considerados 'multipropietarios' y los residentes ilegales de todo el conjunto rechazan cualquier tipo de enajenación. El aumento de la tensión ha llevado a la empresa que posee la mayoría de la titularidad de estos tres edificios a contratar a una empresa 'desokupa' . ABC ha acudido in situ a conocer el estado de estos inmuebles y ha hablado con Miguel, responsable de una empresa contratada por la sociedad principal dueña del recinto para la vigilancia del mismo, el control de los accesos y la 'desokupación' de las viviendas, que según expone son habitadas sin título alguno en el número 48. Según Miguel, el propósito de los principales dueños del enclave es expulsar a los okupas que aún resisten en algunas viviendas del citado número 48, porque en los últimos tiempos, según destaca, ya ha sido posible «echar a muchos» de ellos. Y es que según Miguel, más allá de que se trata de personas que «no pagan» el alquiler a la propiedad del inmueble, además promueven «amenazas, provocaciones» y rompen la convivencia con comportamientos incívicos, incluso a las puertas del citado colegio concertado, con lo que ello comporta para el alumnado del mismo. Entre otros aspectos, señala un grave incendio declarado en una de las viviendas de la azotea del número 48, la detonación de bengalas de humo junto a las puertas del colegio o el realquiler de algunos de los pisos a terceros . A día de hoy, según el responsable de esta empresa encargada de la vigilancia de la seguridad del recinto, que contaría con vigilancia a todas horas; en los antiguos corralones del fondo del garaje «sólo queda un artesano, un tornero»; y dos locales de clases de sevillanas; mientras en el número 48 «sólo paga uno» de los habitantes de las viviendas, porque los restantes «son okupas». Una visita al número 48 arroja cómo el interior del inmueble está claramente sucio y descuidado, con sus paredes repletas de numerosas pintadas con un único mensaje: «okupas fuera» . Una de las viviendas de la azotea presenta además un estado ruinoso, con claros restos del incendio mencionado anteriormente, agravando aún más la imagen de degradación que proyecta el edificio. ABC pudo hablar también con algunos de los artesanos que trabajan en este espacio, quienes acusan al propietario de «asustaviejas» por intentar «limpiar o sanear», que reconocen que además de los pequeños propietarios existen okupas, a quienes defienden ante lo que consideran un «pelotazo urbanístico». Se refieren a la reciente propuesta de modificación del planeamiento urbano de la parcela, para que la misma pueda acoger usos hoteleros y nuevas viviendas de renta libre. Todo ello, según explican, entre una maraña de litigios entre la principal empresa dueña del recinto y algunos de los pequeños propietarios, incluso con supuestas situaciones de tensión y enemistad. «Si lo vende, nos iremos todos a la calle» , reconoce uno de estos artesanos. En la visita se puso de manifiesto una de esas situaciones de tensión. A las puertas de una de las viviendas, Estefanía y otro de los vecinos, ambos señalados como okupas, lo niegan y alegan que en su día acordaron un «contrato verbal» de alquiler, incluso plasmado en algunos documentos; con la principal empresa dueña del recinto, a la que a su vez reprochan que se niegue a cobrarles las rentas, para así poder ejercer acciones en su contra. «Nunca me he negado a pagar», asegura uno de ellos, mientras ambos dicen ser víctimas de «extorsiones y acoso» para que se marchen. «Estamos defendiendo que este espacio siga perteneciendo a la identidad del barrio y la cultura», esgrime Estefanía, avisando también de un «pelotazo» urbanístico, que llama a detener. Ante esto, el responsable de seguridad del recinto, Miguel, les reclamó que mostrasen «los papeles» hasta entablar ambas partes una airada discusión en pleno bloque y también en la calle, que sigue a otros altercados previos en los últimos días en esta calle situada en pleno corazón de Sevilla.
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