ABC
La magnitud del proceso de concesión de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', configura un fenómeno de enorme alcance que el Gobierno ha evitado explicar con transparencia. Los datos que ayer revelaba ABC , actualizados a fecha de 28 de febrero, indican que se han registrado más de 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad hasta el cierre del plazo, el 22 de octubre de 2025, y más de medio millón de expedientes ya han sido aprobados. La cifra de rechazos –apenas un 2 por ciento– confirma que no se trata de un proceso selectivo, sino de una regularización masiva de acceso directo a la ciudadanía española que se desarrolla en las sombras. El dato no es menor. A diferencia de la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha la semana pasada –cuyos beneficiarios deberán esperar al menos dos años para acceder a la nacionalidad española– estos nuevos ciudadanos adquieren de forma inmediata plenos derechos políticos, incluido el sufragio. Incluso si no residen en España, pueden incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La experiencia demuestra que, aunque la participación exterior es reducida –en torno al 8 por ciento en las últimas generales–, su impacto puede resultar decisivo. El problema no reside en la legitimidad de reconocer derechos a descendientes de españoles, cuestión que responde a un criterio histórico y jurídico discutible pero defendible. La cuestión central es la ausencia de transparencia y de evaluación institucional de un proceso que altera potencialmente el censo electoral. Resulta igualmente insuficiente el argumento del Ministerio de Asuntos Exteriores, que minimiza el fenómeno al sostener que la mayoría de los solicitantes busca un pasaporte europeo y no participar en la vida política española. Esa afirmación, además de carecer de respaldo empírico concluyente, elude la responsabilidad de evaluar sus efectos potenciales. Contrasta, además, con la preocupación expresada por el propio Gobierno respecto a la influencia de los llamados 'tecnooligarcas' en la formación de la opinión pública a través de las redes sociales. Mientras alerta de riesgos difusos, resta importancia a la incorporación potencial de millones de nuevos electores, cuya distribución, participación y comportamiento electoral son, en gran medida, desconocidos. El juicio que merece este proceso no puede basarse en apriorismos partidistas ni en la tentación de considerar a estos nuevos ciudadanos como un bloque electoral homogéneo. Sería tan improcedente suponer que constituyen un 'voto cautivo' como ignorar su eventual relevancia en el equilibrio político. Lo exigible al Estado es claridad, datos y planificación. España necesita una política de nacionalidad coherente, transparente y evaluable, que distinga entre el reconocimiento legítimo de vínculos históricos y las implicaciones prácticas de ampliar el censo electoral en cifras tan significativas. Ocultar información o trivializar sus efectos no solo debilita la confianza institucional, sino que impide un debate público imprescindible. La responsabilidad del Gobierno es explicar, no minimizar; anticipar, no ocultar . Solo así podrá preservarse la integridad del sistema democrático.
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