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La Audiencia de Sevilla ha confirmado en toda regla la decisión de dar carpetazo a la investigación incoada en torno a posibles facturas falsas en los servicios de mantenimiento de la Estación Biológica de Doñana , con sede en la Cartuja. La Audiencia ratifica así que dichas facturas no eran falsas, sino que «fueron simultáneas a la ejecución del contrato de mantenimiento adjudicado a la contrata Silva y Vilches SA, hecho este que para nada resulta delictivo», para tareas para las que dicha empresa no disponía de personal cualificado. Así lo ha resuelto la Sección Tercera de la Audiencia en un auto emitido el pasado 23 de marzo, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado en representación del CSIC, contra el auto emitido el 4 de abril de 2025 por el entonces Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, acordando el sobreseimiento de la investigación judicial «ante la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra los denunciados». Se trata de un auto firme, contra el que no cabe recurso. La Audiencia rememora que la investigación derivó de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal como consecuencia de la documentación enviada por la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Rosa Menéndez López, uniendo a su vez un atestado policial elaborado por la Unidad adscrita de Policía Judicial; que señalaba que en junio de 2018, tras la jubilación del anterior gerente de la Estación Biológica de Doñana Carlos Soler Junco y destituido el jefe de Mantenimiento Raúl Sojo Ballesteros, «se había examinado documentación y estado de cuentas y observado ciertas irregularidades». Al detalle, la investigación giraba en torno a que «desde 2011 hasta el año 2017, el mantenimiento se realizaba por la entidad Silva y Vilches SA, que tenia contratado el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones, habiéndose observado servicios duplicados prestados por otras empresas, contratadas directamente por el jefe de mantenimiento , observándose igualmente que durante los años 2014 al 2018, se facturó por reparaciones de vehículos y mantenimiento de los perteneciente al parque móvil a tres empresas de la misma persona, considerando que las facturas en relación a determinados servicios de mantenimiento eran falsas». En resumen se sospechaba que el responsable de mantenimiento de la Estación Biológica de Doñana «había realizado una actuación deficiente en la gestión de los medios económicos, materiales y humanos, b uscando un beneficio personal, junto con el gerente». Pero el juzgado acordó archivar el asunto, al coincidir con la Fiscalía en que «no existen indicios racionales de criminalidad contra los investigados, porque distintas empresas investigadas han aportado documental de los diferentes servicios prestados y no se ha acreditado que estos no se prestaran». « Que haya duplicidad de facturas no significa que se haya facturado y abonado dos veces el mismo servicio . Respecto a la reparación y mantenimiento de los vehículos del parque móvil es cierto que algunos vehículos sufren averías o reposiciones de piezas en menos de un mes, pero no consta que se colocaran piezas de segunda mano ni facturas falsas», explicaba el juzgado. En su recurso contra el archivo del asunto, la Abogacía del Estado alegaba que frente a dicha decisión, «en la causa existe abundante documentación que acredita que en el periodo investigado, de 2013 a 2018, existió una clara multitud de contratos en la Estación Biológica de Doñana con idéntico objeto, duplicándose pagos innecesarios por los mismos conceptos». Pero la Sección Tercera de la Audiencia, tras analizar el asunto, confirma que «no se ha evidenciado duplicidad de contratos y facturas , pues la documentación obrante en las actuaciones no evidencia duplicidad de contratos y facturas, esa supuesta multitud de contratos no es tal». «En realidad, el recurso atribuye trascendencia penal a los hechos no por la multitud de contratos que no son tal, sino por el hecho de que existiera un contrato de mantenimiento adjudicado por licitación pública la mercantil Silva y Vilches SA y que a pesar de ello se contratase con otras empresas labores relativas al mantenimiento preventivo y correctivo de la estación. Si bien al principio podrían resultar sospechas de actividad ilícita, después de las diligencias de instrucción practicada, n o puede resultar extraño que, aún existiendo una contrata de mantenimiento, se recurriese a empresas externas para realizar labores de mantenimiento porque la contrata adjudicataria había momentos en los cuales no tenía empleados de especial cualificación , por lo que no sería extraño acudir a empresas externas aunque existiera una contrata de mantenimiento lícitamente publicado pero esta se destinaría a cuestiones básicas y general de mantenimiento, no pudiendo dar respuesta ni por personal disponible ni por cualificación profesional a las necesidades más complejas», explica la Audiencia. Las facturas investigadas, según la Audiencia, «han sido objeto de análisis de una pericial contable acordado por el juzgado, resultando que el informe se recoge que no se concluye que las mismas sean falsas ni que obedezcan a trabajos no realizados, sino simplemente, que fueron simultáneas a la ejecución del contrato de mantenimiento adjudicado por licitación a la contrata Silva y Vilches SA, hecho este que para nada resulta delictivo».
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