El Plural
El Partido Popular y Vox han suscrito esta semana un nuevo capítulo en sus relaciones con el pacto de Gobierno en Extremadura para investir nuevamente a María Guardiola como presidenta autonómica. El acuerdo no le ha salido gratis al PP, ya que ha tenido que cederle a la extrema derecha la vicepresidencia y las consejerías de Familia, Desregulación y Servicios Sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y Vox ha hecho exigencias muy marcadas en materia migratoria a las que los 'populares' han accedido y que se terminarán traduciendo en racismo institucional por distintas vías. Pero las peticiones de la ultraderecha para facilitarle al PP el bastón de mando no han sido siempre las mismas, sino que han ido cambiando durante los años. La senda comenzaba en 2022, cuando 'populares' y ultraderechistas comenzaban a unirse por conveniencia para formar gobiernos autonómicos en diferentes regiones. Castilla y León, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares fueron las primeras comunidades que fueron testigo de este binomio, y por aquel entonces, el pin parental y la violencia intrafamiliar eran los asuntos sobre los que más repicaban los de Abascal. Ante esta última, el PP, todavía firme sobre los consensos democráticos más generales, plantó cierta resistencia: el término fue incluido tanto en el primer pacto en Castilla y León en 2022 como en el firmado por Mazón, pero no volvió a aparecer con esa redacción nunca más. Fue sustituido por "No a la violencia contra las mujeres", y en Extremadura ya no hubo ninguna mención expresa a esta violencia. En cuanto al pin parental, el mecanismo con el que los padres podrían "autorizar el contenido de las actividades extracurriculares" de manera arbitraria e individual, especialmente dirigido a las charlas sobre educación y diversidad sexual, consideradas por la extrema derecha como "ideología de género". Jamás prosperó, pero provocó el primer choque con el PP y el entonces socio de ambos en Murcia, Ciudadanos. De la memoria histórica a la inmigración Los de Santiago Abascal también se acostumbraron a presionar al PP con la memoria histórica, en lo que también consideran una batalla ideológica clave. Las llamadas leyes de Concordia impulsadas por este binomio, que se contraponen a la de Memoria Democrática, están recurridas por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. En el acuerdo de Extremadura, así como en diferentes proposiciones de ley autonómicas, Vox lleva al PP al compromiso de preservar "el valor del patrimonio perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda" y promueve la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de elementos como cruces de los caídos, escudos o placas franquistas, ensalzando el periodo dictatorial. Esta misma semana, en Valencia, se aprobó una iniciativa en este sentido que puede provocar un choque legal y de competencias entre el Ejecutivo y las autoridades autonómicas. Otro terreno en el que Vox también ha llevado al redil al PP, aunque en este caso con menores dificultades por mantener mayores similitudes ideológicas al respecto, es la ocupación. La ultraderecha ha presionado a los de Feijóo para...
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