El Plural
Vox extrapolará su cruzada a anti inmigración al Congreso de los Diputados esta misma semana. Tan sólo unos días después de firmar el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular de María Guardiola en Extremadura, los ultraderechistas defenderán ante el Pleno una moción consecuencia de una interpelación dirigida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a través de la cual exigen al Gobierno la derogación tanto del decreto de regularización de migrantes como el que refuerza la universalidad de la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal. El paquete incluye, además, la repatriación de aquellos en situación irregular y la implantación de la calificada como "prioridad nacional" en el acceso a ayudas, servicios públicos y vivienda. La iniciativa ultraderecha no llega de vacío, sino que su contenido encaja prácticamente a la perfección con el pacto autonómico sellado con los populares de María Guardiola. La presidenta extremeña ha asumido la agenda ultra con un pacto que ella misma rechazaba hace unos meses y que tanto la oposición como las fuerzas progresistas a nivel estatal censuran por sus profundos tintes racistas. Es allí donde Vox inocula, con permiso del Partido Popular, la llamada "prioridad nacional" para prestaciones públicas que, a la postre, comporta el cierre de la compuerta de los servicios públicos estructurales a inmigrantes irregulares. De esta manera, sitúan la inmigración como eje político del nuevo ejecutivo autonómico. Lo que ahora busca Vox con la moción en la Cámara Baja es elevar a escala estatal su marco excluyente. La moción recoge la tesis que la portavoz parlamentaria Pepa Millán viene agitando desde hace días: que los españoles deben ser la "prioridad nacional" para sostener el Estado del bienestar. Bajo esa premisa, Vox pide que el Ejecutivo envíe de vuelta a los inmigrantes en situación irregular y que promueva además la "remigración" de extranjeros que, según su redacción, no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional. El lenguaje no es menor: se trata del mismo léxico con el que la ultraderecha europea lleva años intentando normalizar una visión abiertamente xenófoba de la política social. Del Congreso a Extremadura El texto que Vox defenderá en el Pleno reproduce casi punto por punto el esquema ya pactado con el PP en Extremadura. Allí, el acuerdo habla de restringir ayudas y subvenciones con el criterio del "arraigo real, duradero y verificable", de excluir a inmigrantes irregulares de determinadas prestaciones estructurales y de reforzar una lógica de preferencia nacional en el reparto de recursos públicos. Incluso medios que han analizado el documento advierten de que esa filosofía puede acabar perjudicando también a ciudadanos españoles sin arraigo acreditado en la región. La traslación de ese marco al ámbito estatal tendría un impacto aún mayor. Vox quiere que esa "prioridad nacional" se aplique al acceso a ayudas sociales, programas de vivienda, bonificaciones fiscales y servicios públicos. En sanidad, su planteamiento pasa por restringir la atención a inmigrantes sin papeles a supuestos de urgencia vital o emergencia. Para lograrlo, pide tumbar...
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