ABC
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha inaugurado este lunes la Asamblea Plenaria que reunirá a los obispos en Madrid durante toda esta semana con un discurso de marcado tono eclesial, y, al mismo tiempo, con una clara lectura de actualidad pública y política. Así, si la primera parte ha estado marcada por la reivindicación de la comunión eclesial desde el recordatorio de que el próximo viaje del Papa tiene un carácter nacional y no local –»visitando a algunos, nos visita a todos», ha afirmado–, la segunda ha tenido un tono más crítico, cuando al abordar de manera directa las relaciones con los poderes públicos, ha centrado su foco en la actuación del Gobierno, al que ha calificado de «confesional en materia antropológica», y del que ha condenado su «deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones». El Gobierno se lanzó en tromba contra Luis Argüello cuando el pasado junio señalaba desde las páginas de ABC que la única salida al «bloqueo institucional» que vive España pasaba por «dar voz a los ciudadanos» y convocar elecciones anticipadas. Defendía entonces el Ejecutivo que los obispos se abstuvieran de intervenir en cuestiones políticas. Pero ahora, después que Sánchez haya defendido al Papa León XIV ante sus declaraciones sobre las decisiones políticas de Donald Trump, Argüello no debería temer que sus palabras sobre la actuación del Gobierno sean ahora condenadas. De esta forma, Argüello ha sido muy claro al recordar que «el Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas «confesionales» en materia antropológica», ha afirmado, para detallar a continuación los ámbitos en los que, a su juicio, se produce esa deriva: «definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales». Un diagnóstico que también ha ampliado a otros terrenos. Según Argüello, el Ejecutivo «tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas» y «manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes». A ello añade la denuncia de «una doble vara de medir según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción» y la pretensión de «asegurar el control sobre los medios de comunicación». No obstante, el presidente de la CEE ha matizado su crítica con una consideración de carácter general: «Es de mínima honradez reconocer que varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos. Todos tenemos pecado original, y el poder y el dinero son tentaciones muy fuertes». Desde esa premisa, ha reiterado la voluntad de la Iglesia de mantener una «colaboración respetuosa y crítica», a la vez que ha reconocido «la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa» del Ejecutivo. Uno de los reproches más concretos se ha referido a la agenda de diálogo con el Ejecutivo. «Hemos hablado en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación, pero el interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)», ha señalado. En este contexto, Argüello ha explicado las razones que han llevado a la Iglesia a firmar el acuerdo sobre reparación a víctimas de abusos. Lejos de presentarlo como una imposición, lo ha enmarcado en un proceso previo: «Las diócesis españolas y las congregaciones religiosas venimos trabajando unidas con la coordinación de la CEE y la CONFER desde hace varios años», con iniciativas de prevención, formación y regulación. El paso dado ahora responde, según ha subrayado, a la voluntad de «situar a las víctimas en el centro» y de reconocer que los abusos «son de una enorme gravedad, rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños». De ahí que la Iglesia haya querido «abrir otra puerta a la reparación integral con la colaboración del Defensor del Pueblo». Al mismo tiempo, ha expresado su malestar por el relato gubernamental sobre este acuerdo. «Nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica», ha advertido, citando incluso la afirmación del ministro de Justicia: «el Gobierno decide y la Iglesia paga». En paralelo, Argüello ha lanzado un mensaje directo sobre el conflicto del Valle de los Caídos, rebautizado como Cuelgamuros por la Ley de Memoria Democrática. «Quiero, desde aquí, invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes», ha afirmado. La apelación no es menor en un contexto de tensión jurídica y política en torno a la resignificación del enclave. El presidente de los obispos ha añadido que ese acuerdo debería ser también «un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro», en línea con la insistencia episcopal en rebajar la confrontación.
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